Los padres de la niña de cinco años de edad que murió el pasado miércoles 30 de noviembre cuando intentaba cruzar la frontera entre el estado Táchira y Colombia, en una ambulancia interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, donde exigieron exigieron justicia para su hija y la reapertura total de la frontera entre ambas naciones.
En una rueda de medios, el padre de M.P., Jonathan Pernía, denunció que hasta el momento desconocen el avance de las averiguaciones, mismas que el gobernador del Táchira, Freddy Bernal aseguró se desarrollarían, no obstante aún no se han acercado a la familia, según informó el diario La Opinión de Cúcuta.
“Le pido el favor, ¿qué pasó con las investigaciones de mi niña, en qué están las averiguaciones, cuál es la notificación, dónde están los testigos?, los testigos somos nosotros”, dijo el padre.
Asimismo pidió que los funcionarios dejen de obstaculizar el paso de los vehículos que transportan personas enfermas.
“Ya basta de tanta injusticia con nosotros los pobres, eso es una humillación”, manifestó, pues indicó que lo que ocurrió con su hija se ha venido repitiendo con otras personas, en vista que los uniformados se le atraviesan a los carros que transportan pacientes.
Ambos padres de la niña responsabilizaron a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana del puesto fronterizo de Boca de Grita por la muerte de su hija.
«Que se haga justicia sobre lo de mi hija, que no vuelva a pasar, porque no quiero que ninguna otra madre pase por lo que estoy pasando yo. (…) que se haga justicia con los guardias que no me dejaron pasar a mi niña que iba grave en la ambulancia, ya que decidimos llevarla para allá porque somos de bajo recursos y no tenemos el dinero para llevarla a un centro pago,» afirmó la madre Milagros Sánchez.
Los padres de la niña estuvieron acompañados del defensor de derechos humanos Walter Márquez, el diputado Juan Carlos Palencia y el periodista Gustavo Azócar.
Márquez, director de la Fundación El Amparo, denunció que los hechos que ocurrieron evidencian una violación al derecho a la vida y el libre tránsito, además de ser un homicidio intencional, según recogió La Patilla.
“Este es un hecho criminal que compromete la cadena de mando, desde el jefe de Estado venezolano hasta el Guardia Nacional que cumplió esa orden arbitraria e ilegal. Por eso responsabilizamos a los altos mandos, civiles y militares de la muerte de esta niña inocente”, dijo Márquez.
