Tras concluir las dos audiencias convocadas por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) para decidir sobre el recurso presentado por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó al fiscal Karim Khan a continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el abogado especialista en derechos humanos DDHH de Provea, Calixto Ávila, explicó que las jornadas sirvieron para evidenciar las tres estrategias principales que está usando el régimen para abordar la denuncia, siendo una de ellas la negación.
La primera es «descalificar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares autorizando al fiscal sobre la base de que no habría tomado en cuenta la información suministrada por el Estado venezolano. En particular se refirió a los 25 mil documentos, muchos de ellos que no fueron traducidos del español al inglés y francés, y que por lo tanto la SCP no habría tomado en consideración. Esto es paradójico, porque esa obligación de traducción correspondía al Estado venezolano.»
En segundo lugar Ávila señaló que el oficialismo ratificó la negación de que se han cometido crímenes de lesa humanidad, «en particular que ha habido una política de cometer un ataque contra una población civil que son parte de los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Si no se investigan esos elementos contextuales no se puede afirmar que en Venezuela se están investigando esos crímenes de lesa humanidad.»
Finalmente sostuvo que «han tratado de presentar el proceso ante la CPI como un proceso político, debido a remisión de estados partes que está prevista por el estatuto. Los jueces deberán considerar este argumento; y en dado caso si lo aceptarán abrirían la puerta para que los Estados no puedan seguir remitiendo casos a la CPI en la medida de que los Estados investigados podrían alegar siempre que se trata de una motivación política detrás de esas remisiones.»
Será necesario esperar a que los jueces deliberen y emitan una decisión, entre tanto es necesario recordar que el fiscal de la CPI mantiene todas sus facultades para continuar investigando en el país.
