Septiembre cerró con tres mujeres privadas de libertad fallecidas bajo custodia del régimen chavista, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Las muertes ocurrieron en tres centros penitenciarios que, en conjunto, albergan a más de 800 personas, y volvieron a encender las alarmas sobre las condiciones de reclusión y las garantías del derecho a la vida y la salud de la población penitenciaria femenina.
El 19 de septiembre, Carmen Rodríguez, de 66 años, murió mientras permanecía recluida en el anexo femenino de Tocuyito, en el Centro de Reclusión Femenino de Carabobo, donde permanecen más de 300 mujeres privadas de libertad. La causa de muerte reportada fue un infarto agudo de miocardio.
Cinco días después, el 24 de septiembre, falleció Tomasa Sánchez, de 72 años, recluida en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente I, en el estado Táchira, donde se encuentran más de 250 mujeres. En este caso se reportó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio.
A estas dos muertes se suma la de Eleiner Sánchez, exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio, denunciada anteriormente por el OVP. Sánchez permanecía detenida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda, que alberga a más de 250 mujeres, y sus solicitudes para ser trasladada a un centro asistencial fueron ignoradas hasta que su estado de salud se volvió crítico.
Un marco constitucional ignorado
La organización recordó que, en Venezuela, más de 2.300 mujeres se encuentran privadas de libertad en anexos femeninos penitenciarios, y señaló que el artículo 43 de la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable, y la obligación del Estado de proteger la vida de las personas privadas de libertad. El OVP citó también el artículo 83, que reconoce la salud como derecho social fundamental y obligación estatal, y el artículo 272, que establece que el sistema penitenciario debe garantizar los derechos humanos de las personas recluidas, normas que, según la organización, parecen ser desconocidas por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
El OVP exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las circunstancias de las tres muertes, que permita determinar la atención médica recibida por cada una, su estado de salud previo y si existieron omisiones por parte de los responsables de su custodia. La organización instó además al Ministerio de Servicio Penitenciario a garantizar atención médica oportuna a las mujeres privadas de libertad en cárceles o calabozos policiales, especialmente a quienes requieren seguimiento médico o enfrentan emergencias de salud. «La privación de libertad no extingue el derecho a la vida, a la salud ni a ser tratadas con dignidad, aunque en Venezuela se ha convertido en una pena de muerte», concluyó la organización.
