Geovanny Castellanos, Vicerrector-Decano del Núcleo Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes (NURR-ULA), ubicado en el estado Trujillo, denunció el pasado sábado 15 de octubre la invasión de terrenos propiedad de la universidad. En un comunicado compartido por grupos de WhatsApp, Castellanos señaló que hay personas construyendo en espacios que pertenecen a la Villa Universitaria del NURR-ULA.
“Hoy sábado 15 de octubre a las 10:00 a.m., luego de visitar la sede Carmona, me dirigí hacia la Villa Universitaria. Cuando bajaba observé, en la entrada del sector La Peñita, a un grupo de personas realizando una ampliación o construcción de un local comercial en los terrenos de la Villa Universitaria (…) Les pegunté que quién era el propietario de ese establecimiento y quién los había autorizado para realizar estos trabajos, pero no me respondieron”, detalló Castellanos en su comunicado.
El Vicerrector agregó que la invasión de terrenos universitarios en el Núcleo Trujillo de la ULA ocurre desde hace tiempo, sin que las autoridades competentes lo impidan, pese a las denuncias realizadas. En esta oportunidad, la máxima autoridad del NURR-ULA no solo se encontró con trabajos de construcción para ampliar los espacios invadidos, sino que también fue insultado por uno de los invasores, quien además intentó agredirlo físicamente.
Presunta autorización de un alcalde y del Ministerio del Ambiente
El Vicerrector del NURR-ULA indicó en su comunicado que el hombre que lo insultó, quien tiene años ocupando ilegalmente esos espacios, le aseguró que la construcción que estaban haciendo había sido autorizada por el alcalde del municipio Pampanito, Leonel Ruíz, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
“Un propietario de un local que vende frutas, quien vive en ese sector con su esposa y un grupo de aproximadamente cinco menores, ha invadido los terrenos de la Villa Universitaria con siembras de árboles frutales, y para esto ha construido cercas de bambú que ha extraído dentro de los terrenos de la Villa Universitaria. Este hombre comenzó a insultarme, a decirme que estuviera tranquilo, que los dejara trabajar, que si tenía que preguntarle algo se lo preguntara al alcalde de Pampanito, porque era quien los había autorizado para que realizaran estos trabajos”, escribió.
Luego de lo ocurrido, Castellanos se dirigió a la Comandancia de la Policía del municipio Pampanito, donde interpuso una denuncia por escrito sobre la construcción ilegal en terrenos propiedad de la universidad y los delitos ambientales cometidos por los invasores. Para sorpresa del Vicerrector, el oficial Núñez, quien recibió la denuncia, le informó luego que había visto un permiso de construcción otorgado por la Alcaldía de Pampanito y un permiso del Ministerio del Ambiente para que corten el bambú de la Villa Universitaria y construyan la cerca.
Castellanos recuerda que los terrenos de la Villa Universitaria del NURR-ULA, que abarcan 289 hectáreas, fueron donados a la universidad por la Gobernación del estado Trujillo en el año 2012. Asegura que no existe ningún documento que demuestre que la Alcaldía de Pampanito haya comprado la franja de terreno donde los invasores están construyendo y aclaró que la universidad incluso otorgó a la comunidad el espacio necesario para que se realicen las obras que requieran para su desarrollo. “La universidad es el único poseedor de la propiedad, ya que así consta en el documento original entregado por la Gobernación del estado Trujillo”, puntualizó.
Al menos 41 invasiones de espacios universitarios desde 2004
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) ha registrado al menos 41 invasiones en espacios que son propiedad de universidades públicas del país, cometidas entre 2004 y hasta el 15 de octubre de este 2022. Aunque la Constitución nacional consagra en su artículo 115 el derecho de propiedad, el Estado venezolano ha propiciado a través de leyes, decretos y sentencias, la invasión o apropiación indebida de terrenos propiedad de terceros.
Mediante ley habilitante, en noviembre de 2001 el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decretó la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en la que se establece que las tierras consideradas “ociosas” pudieran entregarse a quienes las utilicen con fines agrícolas. Tres años después, en 2004, fue invadida la Estación Experimental Caparo, ubicada en el estado Barinas y propiedad de la ULA, adscrita a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. La invasión, que incluyó la destrucción de flora y fauna autóctonas, se mantuvo por más de 14 años, hasta finales de 2018, pese a existir una decisión judicial que ordenaba a los invasores retirarse.
El equipo jurídico del ODH-ULA denunció en julio de 2020 ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de Mérida la invasión, destrucción y los daños ambientales y animales causados desde 2016 en la Estación Experimental Judibana, propiedad de la ULA y ubicada en el Núcleo Alberto Adriani, en el municipio homónimo del estado Mérida.
El delito de invasión está establecido en el artículo 471-A del Código Penal venezolano. Sin embargo, la justicia venezolana no ha actuado de forma preventiva ni reactiva frente a las invasiones en espacios propiedad de las universidades, que han sido denunciadas ante los organismos competentes de manera reiterada. Ante esta nueva acción delictiva que atenta contra el patrimonio universitario, el derecho a la educación y a la investigación científica, el ODH-ULA exige una vez más al Estado venezolano que defienda el derecho de propiedad consagrado en la Constitución nacional y sancione con las penas que correspondan a los invasores, a fin de evitar la impunidad que alienta la reincidencia del delito.
