El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció un agravamiento de la represión estatal en Venezuela, con un alarmante patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, especialmente tras la elección presidencial de julio de 2024.
En su nuevo informe, que será presentado este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Oficina detalló que 84 personas fueron sometidas a desaparición forzada (62 hombres, 15 mujeres y siete adolescentes) por periodos que van de uno a 159 días. De ese total, otras 36 personas, entre ellas tres mujeres, continuaban desaparecidas hasta la fecha de redacción del informe.
En 41 de los casos documentados, las desapariciones forzadas habrían sido cometidas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), 41 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) , y se reportaron traslados ocultos entre centros y negación del paradero a sus familiares y abogados.
“Terrorismo” como excusa judicial
El informe documenta al menos 278 personas procesadas en tribunales antiterrorismo por ejercer derechos fundamentales como manifestar o expresar opiniones críticas. Entre ellas hay líderes políticos, sindicalistas, estudiantes, militares retirados y defensores de derechos humanos. El ACNUDH observó con preocupación el aumento de la aplicación de la legislación antiterrorista, que contiene delitos que no se ajustan al principio de legalidad y seguridad jurídica. En muchos casos, fueron incomunicados durante semanas, torturados o forzados a confesar bajo coacción.
La Oficina del Alto Comisionado también advierte que el uso del término “terrorismo” se ha expandido para justificar persecución judicial sin debido proceso , con audiencias virtuales plagadas de fallas técnicas y sin la presencia de abogados privados, ya que a menudo se les imponía una defensa pública que proporcionaba escasa información.
Casos de tortura y tratos crueles
El documento denuncia el uso reiterado de tortura y malos tratos en centros de detención , incluyendo casos reportados por agentes militares, organismos de inteligencia militares y civiles (SEBIN y DGCIM). Se han reportado agresiones contra mujeres embarazadas, adolescentes y personas con discapacidad , en condiciones que violan todos los estándares internacionales. Se documentaron 32 personas víctimas de tortura y tratos crueles durante el período del informe.
Además, muchas víctimas son trasladadas entre recintos sin notificación a sus familiares y abogados , o recluidas en lugares no habilitados formalmente, lo que facilita su desaparición y dificulta su defensa legal. Se ha informado que a las personas detenidas se les negaba el acceso a la atención médica y a la medicación, y que carecían de acceso a alimentos y agua para su consumo y para sus necesidades de higiene.
Ante estos hallazgos, la ONU reiteró su llamado al Estado venezolano a cesar las detenciones arbitrarias, garantizar la liberación inmediata de todas las personas injustamente privadas de libertad y poner fin a las desapariciones forzadas y torturas.
El ACNUDH lamentó el acceso muy limitado que se le ha concedido en el país desde noviembre de 2024, afectando su capacidad para desempeñar plenamente su mandato, incluida la supervisión y la presentación de informes, así como la asistencia técnica.
