El empresario venezolano-portugués Héctor Mario Ferreira Domingues, de 53 años, fue liberado tras tres años y siete meses de detención arbitraria en Venezuela, donde había sido recluido en el Internado Judicial Rodeo II en el estado Miranda desde su arresto el 9 de septiembre de 2022.
La Cancillería de Portugal celebró su liberación y expresó su solidaridad con la familia. «Portugal saluda la liberación del luso-venezolano Héctor Ferreira Domingues, detenido desde septiembre de 2022. Expresa profunda solidaridad a la familia en este reencuentro tan esperado. El Gobierno portugués continuará trabajando, discreta pero activamente, por la liberación de los presos políticos que aún están detenidos en Venezuela», señaló el comunicado oficial.
Portugal saúda a libertação do luso-venezuelano Héctor Ferreira Domingues, detido desde setembro de 2022. Expressa profunda solidariedade à família neste reencontro tão aguardado.
O Governo português continuará a trabalhar, discreta mas activamente, pela libertação dos presos…
— Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) April 21, 2026
Un caso de confiscación y montaje judicial
Ferreira fue arrestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tras un allanamiento a su fábrica de uniformes Universal C.A., fundada en 1957 y una de las empresas manufactureras más antiguas de Venezuela. Las autoridades lo acusaron —junto a su sobrino Francisco Paparoni, también empleado de la fábrica— de legitimación de capitales, utilidad ilegal por actos de administración y asociación para delinquir, basándose en el testimonio de un «patriota cooperante» anónimo y en supuestos comprobantes de pago que vinculaban a Universal C.A. con Monómeros Colombo Venezolanos S.A., filial de Pequiven en Colombia.
Sin embargo, la Fiscalía General de Colombia concluyó que no existían documentos que demostraran ninguna transacción entre ambas empresas, y certificó que no hay registros de pagos, licitaciones ni cuentas compartidas. Los propios documentos presentados por los cuerpos de seguridad carecían de coherencia comercial básica, ya que compradores y vendedores no emiten facturas entre sí. Pese a estas pruebas, el 25 de junio de 2025 la justicia venezolana condenó a Ferreira a 18 años de prisión y al pago de una multa de 1.649.000 dólares. «Sin siquiera poder demostrar el haber recibido la presunta cantidad de dinero, condena a los procesados a pagar un 800% del presunto daño, lo cual constituye una grotesca violación del derecho y de las matemáticas elementales», denunció su familia.
Al día siguiente del allanamiento, los funcionarios de la DGCIM tomaron el control de la fábrica y continuaron operando en sus instalaciones, lo que la familia interpretó como el verdadero objetivo del operativo: apoderarse de la empresa. La maquinaria de Universal C.A. pasó a ser operada bajo una nueva denominación, Textilera DGIM 23 C.A., que promocionaba sus actividades en redes sociales utilizando los recursos acumulados durante los 65 años de trayectoria de la fábrica original.
Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero de 2026, la familia presentó una solicitud el 23 de febrero, sin recibir respuesta en el plazo legal de 15 días. El 16 de marzo se consignó ante la comisión parlamentaria de revisión de amnistía y el 17 de marzo ante el tribunal de la causa. El caso se encontraba en la Sala Especial Segunda de la Corte de Apelaciones (Exp. Nº 268-25) a la espera de una decisión cuando se produjo la liberación.
La familia había denunciado que los padres de Ferreira, ambos mayores de 80 años, y sus hijos habían visto gravemente afectada su salud y estabilidad emocional durante los más de tres años de detención. «Él tiene tres años y medio secuestrado y hace dos años y medio nos dirigimos a la embajada de Portugal en Venezuela para solicitar ayuda y no hemos podido lograr nada», relató un familiar en declaraciones previas a su liberación.
