Al cumplirse una semana de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) presentó el informe «El Estado abdicó su deber de proteger», un documento que analiza la respuesta institucional a la emergencia y concluye que el régimen venezolano incumplió su obligación de proteger y asistir a la población afectada.
La organización explicó que el informe busca ir más allá del balance de los daños materiales y humanos para ofrecer una evaluación técnica, jurídica y ética sobre la actuación de las autoridades del régimen durante la crisis. El documento está dirigido a medios de comunicación, organismos internacionales, actores humanitarios y organizaciones de la sociedad civil.
Entre sus principales hallazgos, JEP sostiene que existió una contradicción entre la capacidad del régimen para ejercer mecanismos de control y su falta de articulación logística para atender a las víctimas. En ese sentido, cita cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), según las cuales el 39 % de las personas desplazadas permanece a la intemperie, lo que evidencia, a su juicio, la ausencia de refugios con condiciones mínimas de dignidad.
El informe también denuncia una «depredación burocrática» que, según la organización, obstaculizó las labores de asistencia. Entre los señalamientos se encuentra la exigencia de pagos ilícitos de hasta 1.000 dólares para entregar los cuerpos de personas fallecidas a sus familiares, así como trabas administrativas que dificultaron el trabajo de rescatistas locales.
Otro de los ejes del documento aborda la falta de información oficial durante la emergencia. Para JEP, la censura y la opacidad en la publicación de cifras no solo vulneran la libertad de expresión, sino que también afectan las labores de búsqueda, complican la coordinación de la ayuda humanitaria y limitan la cooperación internacional.
Asimismo, el informe recuerda que la asistencia humanitaria está respaldada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por resoluciones de las Naciones Unidas, por lo que sostiene que brindar ayuda inmediata a las víctimas constituye una obligación legal del Estado y no una decisión discrecional.
«Salvar vidas y atender la emergencia no es una opción del gobierno, es un mandato legal que no se puede evadir», enfatizó la organización al presentar el documento.
Finalmente, JEP destacó el papel desempeñado por la ciudadanía durante la emergencia, al considerar que la solidaridad de voluntarios, organizaciones y comunidades permitió atender a numerosos afectados pese a las deficiencias institucionales. En ese sentido, aseguró que el informe también busca preservar la memoria de lo ocurrido y contribuir a la exigencia de verdad, justicia y rendición de cuentas sobre la respuesta del régimen frente a la tragedia.
A una semana de la tragedia del 24 de junio, publicamos el informe «El Estado abdicó su deber de proteger».
No nos quedamos en el recuento de los daños físicos. Analizamos con lupa la respuesta institucional y el abandono real a los ciudadanos.
Salvar vidas y atender la… pic.twitter.com/nYoh3BQvOr
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 2, 2026
