La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que los daños físicos directos ocasionados por los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela ascienden a aproximadamente 37.000 millones de dólares, aunque advierte que el impacto económico total del desastre sería significativamente mayor.
El documento, titulado “Estimación analítica de daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela”, presenta un primer diagnóstico técnico basado en modelación analítica sobre el impacto en edificaciones e infraestructura, aclarando que no se trata de una cuantificación definitiva, sino de un estimado preliminar que puede ajustarse con nueva información.
Según el informe, los sismos —de magnitudes 7.2 y 7.5— provocaron daños equivalentes al 3% del stock de edificaciones expuestas, lo que representa alrededor de 24.000 millones de dólares, mientras que el sector de infraestructura registraría afectaciones cercanas al 4%, estimadas en 13.000 millones de dólares.
La evaluación detalla que estos cálculos incluyen daños en viviendas, centros educativos, hospitales, instalaciones industriales, así como en infraestructura clave como sistemas de agua y saneamiento, telecomunicaciones, carreteras, energía, puertos y el sector petrolero.
No obstante, el organismo subraya que estas cifras corresponden únicamente a daños físicos directos, sin incluir pérdidas económicas indirectas, interrupciones de servicios, costos de atención de emergencia, impactos en cadenas de suministro ni procesos de reconstrucción, por lo que el costo total del desastre sería previsiblemente mayor.
El estudio también señala que el análisis se basa en modelos globales de exposición y vulnerabilidad, combinando información regional y parámetros internacionales de riesgo sísmico. Asimismo, explica que Venezuela se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, en la convergencia de las placas Caribe y Suramérica, lo que incrementa su nivel de exposición a eventos de esta naturaleza.
La UNDRR concluye que el informe tiene como objetivo establecer un orden de magnitud del impacto y servir como insumo técnico para la comprensión del desastre, en un contexto en el que la evaluación de daños evoluciona conforme se incorporan nuevos datos de campo, imágenes satelitales y reportes oficiales.
