La Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un pronunciamiento en el que condena la denuncia del Estatuto de Roma anunciada por el régimen chavista, y calificó la medida como «moralmente inaceptable» y en violación manifiesta de la Constitución.
El documento recordó que el 24 de julio el canciller Félix Plasencia anunció que, por instrucciones de la encargada del régimen, comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, la decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al artículo 127 del tratado.
La Academia recordó que Venezuela suscribió el Estatuto de Roma el 17 de octubre de 1998 y lo ratificó el 7 de junio de 2000, convirtiéndose en Estado Parte de un tratado que, según sostuvo, significó un paso fundamental en la evolución del Derecho Internacional frente a los crímenes más graves que ofenden la conciencia de la humanidad.
La organización subrayó que, conforme al artículo 23 de la Constitución, al ser un tratado relativo a derechos humanos, el Estatuto de Roma tiene jerarquía constitucional y forma parte del bloque de la constitucionalidad, por lo que su pretendida denuncia escapa de las competencias ordinarias del Poder Ejecutivo. Citó además el Diario de Debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que rechazó expresamente someter este tipo de tratados a denuncia.
La Academia añadió que esa facultad resulta aún más improcedente al tratarse de un gobierno encargado, que no puede tomar una decisión de esa trascendencia sobre un tratado fundamental para la conciencia universal.
«La Academia de Ciencias Políticas y Sociales condena la denuncia de este Tratado, por ser moralmente inaceptable y por el evidente vacío y violación manifiesta de la Constitución, y en consecuencia, una actuación inválida también en el derecho internacional», señala el pronunciamiento.
El documento precisó que, incluso si la denuncia fuera constitucionalmente posible, el propio Estatuto de Roma establece que el retiro de un Estado no tiene efectos retroactivos, por lo que Venezuela seguiría obligada a cooperar con la CPI respecto de las investigaciones iniciadas antes de que la denuncia surta efecto, y el tribunal podría continuar examinando los asuntos ya sometidos a su conocimiento.
En ese sentido, la Academia afirmó que la denuncia no tiene efecto alguno sobre la causa abierta por la Fiscalía de la CPI en 2021, orientada a investigar presuntos crímenes de lesa humanidad —prisión arbitraria, tortura, violencia sexual y persecución política— cometidos en territorio venezolano desde al menos el 12 de febrero de 2014.
«Aunque el gobierno (encargado) de Venezuela ha procedido a denunciar el Estatuto de Roma, sin tener facultades para ello, jurídicamente, la República continúa estando obligada por dicho Tratado respecto de cualquier crimen de competencia de la Corte Penal Internacional cometido antes de que dicha denuncia adquiera sus efectos propios», sostiene el documento.
La Academia hizo un llamado al Estado venezolano a retirar la denuncia del Estatuto de Roma y a continuar colaborando con la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad. El pronunciamiento, fechado en Caracas el 3 de agosto, está firmado por el presidente de la Academia, Rafael Badell Madrid, y el secretario, Salvador Yannuzzi Rodríguez.
Pronunciamiento
ante la denuncia del Estatuto de Roma por parte del Gobierno de Venezuela. https://t.co/H7tWwkMNvk pic.twitter.com/jvb1lpah9s— Academia de Ciencias Políticas y Sociales (@acienpol) August 3, 2026
