La organización Un Mundo Sin Mordaza presentó un informe especial en el que califica la respuesta del régimen chavista ante los terremotos del 24 de junio como «tardía y deficientemente coordinada», tras cumplirse 50 días de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5.
El reporte, que examina el período comprendido entre el 24 de junio y el 10 de agosto de 2026, destaca que, si bien se activaron operaciones de rescate y asistencia, la reacción inicial fue confusa y lenta durante las horas críticas de supervivencia. Al cierre del informe, las cifras oficiales daban cuenta de 6.301 fallecidos, 16.740 heridos y más de 53.000 viviendas evaluadas, de las cuales casi 10.000 fueron consideradas de alto riesgo.
Opacidad y desprotección de las familias
Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la ausencia de un registro nacional de personas desaparecidas consolidado y público. Según la organización, mientras el balance nacional del 10 de agosto no incluía una cifra oficial de desaparecidos, registros regionales en La Guaira reportaban al menos 1.579 personas cuyo paradero se desconoce y más de 7.200 fallecimientos informados por familiares, cifras que superan y contradicen los balances nacionales oficiales.
«La falta de una base nominal pública impide considerar los balances oficiales como registros definitivos y vulnera el derecho de las familias a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos», señala el informe.
Censura y persecución a la labor informativa
El informe documenta un patrón de hostigamiento y censura contra periodistas y ciudadanos. La organización Espacio Público registró 15 casos y 26 violaciones a la libertad de expresión durante julio.
El reporte también menciona el caso del llamado «Topo de La Guaira», Wilmer Antonio Cruz, un ciudadano que denunció la falta de equipos de rescate y fue detenido, además de ser sometido a una campaña de estigmatización coordinada desde cuentas oficiales de cuerpos de seguridad. La organización documentó además bloqueos a medios digitales y un ataque informático contra la señal de VPITV.
Vulnerabilidad habitacional y ambiental
El informe recordó que el Banco Mundial estimó los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares, con un impacto severo en el sector residencial. La organización levantó alertas sobre la calidad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, al citar investigaciones que sugieren la omisión de estudios de suelo en construcciones que colapsaron durante los sismos.
En el ámbito ambiental, el informe cita registros audiovisuales de infociudadanos que desmintieron la narrativa oficial al mostrar que escombros y materiales de demolición fueron arrojados directamente al mar en el litoral central, lo que representa un riesgo sanitario y ecológico para la región.
Recomendaciones urgentes
Un Mundo Sin Mordaza exigió al régimen chavista activar y hacer público un Registro Nacional de Información para la gestión de riesgos, con datos desagregados y nominales para la búsqueda de desaparecidos; cesar el hostigamiento contra periodistas, rescatistas y organizaciones que documentan fallas en la respuesta; y garantizar auditorías técnicas independientes en los edificios colapsados, preservando los escombros como evidencia para determinar responsabilidades.
La organización concluyó que la recuperación solo será compatible con los derechos humanos si se basa en la transparencia, la participación comunitaria y la rendición de cuentas.
