La fraudulenta Asamblea Nacional chavista aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, por unanimidad, la primera discusión de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acordada en el marco de las mesas de trabajo con la Asamblea Nacional de 2015.
El proyecto fue remitido a la Comisión de Política Interior del parlamento chavista para que elabore el informe correspondiente y avanzar con la segunda discusión en una próxima sesión.
La propuesta plantea modificar el artículo 65 de la ley y ampliar de 10 a 12 la cantidad de miembros de la sociedad civil que debe tener el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), con lo que esta instancia, encargada del proceso de selección de los candidatos a magistrados del TSJ, dejaría de tener mayoría de diputados afines al régimen.
El proyecto fue presentado por el primer vicepresidente de la Asamblea, Pedro Infante, quien explicó que la Constitución, en sus artículos 264 y 270, establece el procedimiento para la designación de los magistrados y la conformación del Comité de Postulaciones, y que la propuesta concreta es pasar de 21 a 23 miembros del comité, manteniendo en 11 la cantidad de diputados y elevando a 12 los representantes de la sociedad civil.
Infante recordó que el proceso de renovación de magistrados había iniciado el 21 de abril, tras una reforma previa que amplió el TSJ de 20 a 32 magistrados, pero fue interrumpido por el terremoto del pasado 24 de junio. Precisó que, como resultado del diálogo iniciado en agosto entre la delegación del régimen, encabezada por Jorge Rodríguez, y una parte de la oposición de la AN 2015, se firmó un acuerdo el pasado 12 de agosto que contempla esta reforma puntual.
En su discurso, Jorge Rodríguez defendió el supuesto «talante» del chavismo para el diálogo, al que atribuyó un origen en el histórico llamado de Hugo Chávez el 19 de abril a «nunca más» la violencia en Venezuela. El funcionario cuestionó a sectores de la oposición que en el pasado designaron un «Banco Central ad hoc» y un supuesto «Tribunal Supremo en el exilio», y afirmó irónicamente que el expresidente de esa instancia paralela terminó vendiendo perros calientes en Miami.
Rodríguez aseguró que este proceso de diálogo se ha dado, por primera vez, «solamente entre venezolanos, sin la facilitación de organizaciones, países o personalidades del extranjero», a pesar de que es impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y criticó duramente la mediación noruega en procesos anteriores, a la que calificó de «un desastre».
Reiteró además que la decisión final sobre la designación de los 32 magistrados corresponderá exclusivamente a la Asamblea Nacional chavista, «debidamente vigente», electa entre 2024 y 2025.
El debate en el pleno
Durante la discusión, el diputado José Gregorio Correa llamó a no aferrarse a la contrariedad y sostuvo que la oposición venezolana está compuesta por varios sectores, y que «el bloque más grande» de esa oposición es el que no hace política partidista. Pidió que la segunda discusión del proyecto incluya una consulta pública que escuche a todos los sectores, y no solo a la oposición.
Por su parte, el diputado Luis Florido afirmó que «Venezuela no va a poder salir de su crisis sin recuperar las instituciones del país», y calificó la ampliación del Comité de Postulaciones como «una señal positiva», aunque advirtió que la discusión no puede limitarse a los políticos. Florido insistió en la necesidad de magistrados «realmente independientes» y recordó el caso de dos ciudadanos de Barquisimeto que, según dijo, permanecen detenidos «por un tema absolutamente político». El diputado vinculó la recuperación de la justicia con la posibilidad de atraer inversión y crecimiento económico para el país.
