La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió que, pese a la excarcelación de cientos de presos políticos, las estructuras que permitieron graves violaciones de derechos humanos en Venezuela no han sido desmanteladas.
En su más reciente informe, la Misión señaló que continúan vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y que las fuerzas de seguridad mantienen estructuras y prácticas represivas. También alertó sobre la permanencia de colectivos armados vinculados al aparato del régimen.
La investigación documentó 64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero, además de condiciones degradantes de reclusión en centros como El Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, donde se reportaron confinamientos prolongados, falta de alimentos y atención médica y otras formas de maltrato.
La Misión también registró al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos entre septiembre de 2025 y julio de 2026. Tras las excarcelaciones, organizaciones de la sociedad civil estiman que entre 379 y 500 personas continuaban detenidas, aunque la falta de información oficial impide establecer una cifra precisa.
El informe concluyó que los colectivos constituyen un componente central del aparato represivo y encontró indicios de apoyo político, financiero y logístico por parte de autoridades estatales.
Ante este escenario, la Misión pidió desmantelar las estructuras represivas, garantizar la independencia judicial y avanzar hacia un proceso de justicia centrado en las víctimas.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) sostuvo que el informe demuestra que la excarcelación de una persona no implica el desmontaje del sistema que la encarceló y llamó a mantener la documentación y denuncia de las violaciones de derechos humanos.
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— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 22, 2026
