El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 28 ataques e incidentes de seguridad durante febrero de 2021 en contra de activistas y organizaciones no gubernamentales en Venezuela.
«Durante el mes de febrero continuó profundizándose la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos. El Estado venezolano persiste en la implementación de acciones y medidas que obstaculizan la labor de defensa y acción humanitaria, y agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno; contrariando los estándares y obligaciones internacionales que devienen obligaciones de respeto, protección y garantía del derecho a defender derechos humanos», denuncia la organización en su nuevo informe.
En febrero se documentaron 15 casos de estigmatización, seis de hostigamiento e intimidación, cinco de judicialización y dos ataques digitales.
El CDJ advierte que «la política de criminalización, enmarcada en la lógica del enemigo interno y la doctrina de la seguridad nacional, sigue afianzándose y las personas defensoras de derechos humanos enfrentan mayores riesgos al momento de ejercer sus actividades de promoción y protección de los derechos humanos.»
Explicaron que defender derechos humanos en Venezuela significa «enfrentarse a un entorno represivo y de control social, en el cual las restricciones al espacio cívico incluyen vulneraciones a las organizaciones defensoras de derechos humanos y de trabajo humanitario».
