La ONG Acceso a la Justicia realizó un análisis de la reforma a la Ley de Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad realizada el pasado 8 de febrero por la Asamblea Nacional chavista, tras su publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.686 de fecha 15 de febrero de 2022
«La reforma aprobada incorpora cuarenta y cinco (45) modificaciones a la mencionada ley, dictada en 2007 por la Asamblea Nacional, conforme a la Gaceta Oficial n.° 38.773 de fecha 20 de septiembre de ese año, texto legal que constaba de 38 artículos».
Destaca que «la incorporación de la inconstitucional figura del ‘poder popular’ por medio de las ‘comunas’, como un mecanismo de conciliación en los conflictos para las disputas y diferencias entre los integrantes de las familias (art. 39). (…) Sobresale, que los ‘Consejos Comunales, Comunas y demás estructuras de poder popular promoverán mecanismos para la protección social de las familias en su ámbito territorial, articulando para ello con los órganos y entes competentes” (art. 40)».
«Es alarmante concederle un papel preminente al poder popular, así como a otras figuras, como las comunas, creadas por el Gobierno al margen de la Constitución, como órganos protectores de la institución de la familia, incluso con potestades familiares«, señala la organización.
Para Acceso a la Justicia «es polémica la inclusión del denominado poder popular y Estado comunal para hacer efectiva las facultades protectoras de la familia, sobre todo cuando la Constitución establece que es el Estado la instancia responsable para la protección de las familias».
Insiste en que «es preocupante cómo la AN sistemáticamente modifica o aprueba textos legales sin garantizar la participación ciudadana, como lo impone la Constitución; lo más grave es la falta de información sobre el contenido de cada proyecto que luego sanciona como ley«.
#AlertaLegal Es preocupante cómo la AN sistemáticamente modifica o aprueba textos legales sin garantizar la participación ciudadana, como lo impone la Constitución; lo más grave es la falta de información sobre el contenido de cada proyecto que luego sanciona como ley #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 18, 2022
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