La cuestionada Asamblea Nacional chavista avanza con la elaboración de una nueva Ley de Cooperación Internacional, que buscaría ilegalizar a las organizaciones no gubernamentales venezolanas.
Así lo alertó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), que advirtió que este nuevo intento pretende «ilegalizar a las ONG venezolanas de derechos humanos, sociedad civil y más, profundizando la criminalización y persecución por la cooperación internacional, esencial para seguir apoyando a víctimas y nuestra labor».
Este proyecto de la Comisión de Política Exterior vendría a derogar la vigente Ley sobre Cooperación Internacional de fecha 8 de enero de 1958.
El borrador, en su artículo 18 establece que «se crea el Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales como parte integrante del órgano desconcentrado para la cooperación internacional. Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley».
La inscripción de las ONG en este registro será «obligatoria y constituye una condición indispensable para ser reconocidas por el Estado venezolano como entes susceptibles de realizar actividades de cooperación con sus homólogos en otros países«.
El artículo 23 del proyecto señala que las ONG, tanto nacionales como extranjeras, que operen en Venezuela deberán suministrar a las autoridades la «información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento».
Pero el artículo que más preocupación ha causado a los defensores de derechos humanos es el 26, que establece que «serán sometidas a evaluación a los fines de su prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva todas aquellas organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, públicas o privadas, que realicen actividades de cooperación internacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela que, de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación».
El coordinador de PROVEA, Rafael Uzcátegui, alertó que con esta legislación el régimen de Nicolás Maduro está «siguiendo el ejemplo de Daniel Ortega», que ha avanzado ferozmente ilegalizando a las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.
