Esta semana inició en Ginebra el 51 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se votará para decidir si se renueva o no el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Entre los países latinoamericanos que impulsan la renovación de la misión destacan Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú.
Sin embargo, la directora adjunta de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Tamara Taraciuk, lamentó que Colombia, Argentina y Honduras, que lideraron la resolución para crear la Misión en 2019, ahora son los «grandes ausentes».
Para que sea renovado el mandato de la Misión es necesarios que entre los 47 estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haya más votos afirmativos o abstenciones que votos negativos.
Además de los países latinoamericano precitados, el Consejo también lo integran: Benín, Camerún, Eritrea, Gambia, Somalia, India, Kazajistán, Malasia, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Lituania, Montenegro, Finlandia, Luxemburgo, Estados Unidos, Costa de Marfil, Gabón, Malaui, Senegal, China, Nepal, Pakistán, Uzbekistán, Ucrania, Bolivia, Cuba, México, Francia, Reino Unido, Libia, Mauritania, Sudán, Namibia, Indonesia, Japón, Islas Marshall, Corea del Sur, Armenia, Polonia, Países Bajos y Venezuela.
La Misión y sus conclusiones
La Misión fue creada en 2019 y su mandato se renovó en 2020 por un periodo adicional de dos años, que culminan este mes de septiembre de 2022. Durante estos tres años ha investigado las graves violaciones ocurridas en Venezuela, las cadenas de mando responsables de estos crímenes y el rol del sistema de justicia chavista para perpetuar la impunidad.
En su primer informe, divulgado en 2020, la Misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.
En su segundo informe, publicado en 2021, la Misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.
BREAKING: Un grupo de países de la región lideran la renovación de la misión de expertos sobre Venezuela: Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú.
Grandes ausentes: Colombia, Argentina y Honduras, que lideraron la resolución para su creación en 2019.#QueSigaLaMisión pic.twitter.com/vw1HJ74szv
— Tamara Taraciuk Broner (@TamaraTaraciuk) September 14, 2022
