La organización de derechos humanos Cecodap se reunió el martes 28 de abril con el fiscal general Larry Devoe, en la sede del Ministerio Público en Caracas, donde planteó nueve puntos críticos sobre el trato que el sistema de justicia venezolano da a los adolescentes en conflicto con la ley penal, entre ellos el uso indebido del delito de terrorismo contra menores de edad y la situación concreta de Samantha Hernández, adolescente de 16 años presa política cuya amnistía fue negada.
«Reiteramos el caso de Samantha Hernández: solicitamos su liberación y el otorgamiento de una medida sustitutiva de libertad mientras se decide el juicio, de cara a una absolución. Actualmente continúa detenida», afirmó el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, tras el encuentro.
Trapani detalló las fallas sistemáticas que Cecodap expuso ante Devoe: detenciones irregulares sin orden judicial y con uso desproporcionado de la fuerza; incomunicación y retrasos en informar el paradero a las familias; acceso tardío a la defensa desde el inicio del proceso; uso de la privación de libertad como regla sin análisis individual ni medidas alternativas; dilaciones procesales con diferimientos reiterados; criminalización por vínculo sin individualización de la conducta; falta de enfoque de protección sin evaluar si el adolescente fue coaccionado o instrumentalizado por adultos; afectación educativa, psicosocial y familiar; y actuación fragmentada sin coordinación institucional.
Sobre el uso del delito de terrorismo contra menores, Trapani fue enfático: «Insistimos en el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes. Cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos».
El caso de Samantha
Samantha Hernández, de 16 años y estudiante de bachillerato, permanece detenida desde el 19 de noviembre de 2025, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) irrumpieron en su vivienda y la arrestaron junto a su hermana Aranza, por ser hermanas del militar disidente teniente Cristhian Hernández, quien se encuentra en el exilio.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que su caso responde a una práctica de persecución colectiva conocida como Sippenhaft, término de origen nazi que designa la represalia contra familiares de disidentes para presionarlos a entregarse, que el régimen venezolano ha adoptado como mecanismo represivo.
La audiencia de su causa ha sido diferida en siete ocasiones: el 19 de febrero, 5 de marzo, 16 de marzo, 19 de marzo, 25 de marzo, 9 de abril y 14 de abril. Entre las excusas alegadas figuran cambios de fecha, desorden administrativo y, en una ocasión, el hecho de que la adolescente simplemente no fue trasladada al tribunal.
El 16 de marzo, el Tribunal de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente con competencia en terrorismo negó la aplicación de la Ley de Amnistía a Hernández sin ofrecer fundamentos jurídicos claros.
Desde @cecodap aceptamos y participamos en un diálogo respetuoso y directo con el Fiscal General, para insistir que el centro del debate y de la agenda del Ministerio Público sea la protección de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Agradecemos la disposición al… https://t.co/oow1l0HJNF
— Carlos Trapani (@carlosmtrapani) April 29, 2026
