La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este miércoles 6 de mayo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en Venezuela persiste una política de Estado de represión que incluye detenciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura, incomunicación prolongada y negación de atención médica, y que la Ley de Amnistía no ha representado un avance real sino apenas «un gesto» que no agota las obligaciones del Estado venezolano.
El informe fue presentado por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, en nombre del presidente del organismo, Edgar Stuardo Ralón Orellana.
La CIDH reportó que a abril de 2026, 454 personas continúan detenidas por razones políticas, entre ellas 44 mujeres, una adolescente, 286 civiles y 186 militares.
El organismo también denunció que al menos 18 personas han muerto bajo custodia del Estado, entre ellas Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz.
Solo en 2025, la CIDH otorgó 36 medidas cautelares, la mayoría a personas detenidas por motivos políticos, defensoras de derechos humanos, periodistas, familiares de detenidos y núcleos familiares completos. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela ha recogido más de 300 testimonios de víctimas.
Ley de Amnistía es «libertad vigilada»
La CIDH reconoció la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática del 19 de febrero de 2026, pero fue contundente al cuestionar su aplicación real. Mientras el régimen afirma haber beneficiado a más de 8.000 personas, la sociedad civil registra apenas 186 personas con libertad plena, mientras 554 permanecen con medidas restrictivas como prohibición de salida del país, presentación periódica ante tribunales, prohibición de manifestarse o de hablar con la prensa.
«Eso no es libertad. Es libertad vigilada», afirmó la CIDH, que también señaló problemas estructurales en la ley: la cláusula residual del artículo 9, al excluir acciones vinculadas a actores extranjeros, introduce un tipo penal abierto aplicable contra opositores; la eliminación de antecedentes sin salvaguardas archivísticas compromete la prueba para futuros procesos de rendición de cuentas; y los tribunales y la Fiscalía llamados a aplicar la ley son los mismos que sostuvieron las detenciones arbitrarias. «No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación», sentenció el organismo.
Las cuatro exigencias de la CIDH
El organismo formuló cuatro exigencias concretas al Estado venezolano: el cese inmediato de todas las detenciones arbitrarias y la libertad plena de todos los presos políticos; acceso público y verificable a listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas; protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garanticen la no repetición y el restablecimiento de la democracia; y una visita in loco a Venezuela con acceso irrestricto a los centros de detención.
«La pregunta ya no es si la Comisión Interamericana está dispuesta. Lo está. La pregunta es si el Estado venezolano lo está», afirmó Reneaum Panszi.
La CIDH cerró su presentación con una advertencia directa: «La Comisión no normalizará lo que no debe normalizarse. No aceptará como avance lo que es apenas un gesto y no dejará de nombrar lo que ocurre por su nombre: una política de Estado de represión que el sistema interamericano tiene el deber de confrontar».
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— Monitoreamos (@monitoreamos) May 6, 2026
