La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron preocupación por el avance de un proyecto de ley que limita la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Se trata del proyecto de «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», que el pasado 24 de enero fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional chavista.
La CIDH advirtió que el proyecto de ley, además de acotar las actividades que pueden ser desarrolladas por las organizaciones, otorga a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, en su criterio, de actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
«La presentación del proyecto ante la Asamblea se caracterizó por referencias estigmatizantes hacia 62 organizaciones de la sociedad civil, a las que se les calificó de «enemigas», ‘traidoras de la patria’ y ‘fachadas de partidos'», destacó la Comisión.
El organismo de la OEA recordó que este no es el primer acto gubernamental que tiene como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo libertades como la de expresarse, asociarse y la de participar en asuntos de interés público.
«En Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa», denunció la CIDH.
La Comisión enfatizó que «la libertad de asociación es una herramienta fundamental para ejercer de forma plena y cabal la labor de las y los defensores de derechos humanos. Por lo tanto, es necesario que los Estados cuenten con organismos competentes para su registro sin limitar arbitraria y desproporcionadamente dicha libertad»-
Por ello, la CIDH instó a que Venezuela se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés públicos. Al mismo tiempo, urgió al Estado a adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y el Estado de Derecho.
