La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) instaron al Estado venezolano a derogar la Ley contra el Odio.
En un comunicado, advirtieron que «una reforma parcial de la ley no bastaría para subsanar las deficiencias estructurales» que han señalado en múltiples ocasiones.
Los organismos tomaron nota del proceso de reforma que adelanta el régimen. Exhortaron a la Asamblea Nacional chavista a garantizar un proceso «transparente y participativo» que considere a los actores interesados y potencialmente afectados.
La CIDH destacó que organizaciones de la sociedad civil consideran que una modificación parcial sería «insuficiente» para corregir las restricciones desproporcionadas de la ley. También cuestionaron la falta de participación de la sociedad civil y la incertidumbre jurídica de las personas procesadas.
Según reportes públicos citados por la CIDH, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios señalados por presuntos delitos de odio. Entre ellos hubo 49 periodistas, trabajadores de medios y comunicadores y 7 medios de comunicación. En 65 casos se habría invocado la Ley contra el Odio.
La CIDH y la RELE recordaron que desde la promulgación de la ley, en 2017, advirtieron que sus restricciones impiden «severamente» la libertad de expresión y generan un «efecto intimidatorio». La Relatoría expresó preocupación por el uso de conceptos amplios y ambiguos, por las obligaciones impuestas a los medios, como retirar información de interés público, y por la facultad del Estado de utilizar los medios e imponer contenidos.
Ambos organismos afirmaron que documentaron un «uso selectivo y desproporcionado» de la norma para sancionar expresiones críticas. Dijeron que esa preocupación se agravó tras las elecciones de 2024, cuando se usó la ley para criminalizar, bajo cargos de incitación al odio, a personas percibidas como opositoras.
La CIDH y la RELE reiteraron el llamado que hicieron el 26 de junio de 2026 a derogar toda normativa que restrinja indebidamente la libertad de expresión. Pidieron a la Asamblea Nacional publicar el texto íntegro del proyecto y habilitar espacios abiertos para organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios.
