Este lunes se realizó en Ginebra una reunión del Comité de la ONU para la Protección de los Trabajadores Migrantes en la que se analizó la situación de Venezuela.
En la sesión estuvo presente la defensora de derechos humanos, Ligia Bolívar, quien en nombre del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Radio Fe y Alegría Noticias y la Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (Rednna), denunció la vulneración de los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos.
«Como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela, más de 6,8 millones de personas se han visto forzadas a salir del país, convirtiendo a Venezuela en la mayor crisis de movilidad humana en occidente y la segunda del mundo. Las medidas de apoyo a sus ciudadanos por parte del Estado venezolano son escasas«, explicó.
Bolívar detalló que «más de 900 mil niños se han visto afectados por la migración de sus padres, lo que equivale a un 8,5% del total de niños del país. Los abuelos son sus principales cuidadores, en el 51% de los casos».
Denunció que, por parte de altos funcionarios del régimen, se ha proferido una serie de ataques en contra de los migrantes a raíz de la pandemia del coronavirus.
«Miles de venezolanos se vieron obligados a retornar al país durante la Pandemia de COVID-19. Estas personas fueron calificadas por altas autoridades como fascistas, golpistas camuflados, bioterroristas y karma. A pesar de que la legislación no criminaliza el ingreso de nacionales por pasos irregulares, el 10 de julio de 2020, el fiscal general informó que 36 personas que pasaron por pasos irregulares serían sometidas a juicio».
La defensora de derechos humanos también denunció que la población venezolana «enfrenta diversas barreras para acceder a un pasaporte. Además, los migrantes y refugiados venezolanos tienen desafíos para regularizarse por la pérdida, robo e imposibilidad de renovar el pasaporte; barreras para obtener una apostilla, y el pago en dólares americanos de los antecedentes penales».
«Muchos niños hijos de padres venezolanos nacidos en el extranjero no han podido acceder al registro civil y a la obtención de su nacionalidad venezolana, por la falta de documentación de sus padres y por el mal funcionamiento de los servicios consulares», advirtió.
Destacó que, tras años negando la crisis migratoria, finalmente en noviembre de 2020 la Defensoría del Pueblo anunció la creación de una defensoría especial para abordar los derechos de la población migrante venezolana. «Sin embargo, la institución ha guardado silencio frente a hechos que afectan sus derechos. Entre 2019 y 2020 funcionarios han atacado a quienes denuncian abusos contra la población migrante, incluyendo a dos de las organizaciones que represento«, denunció.
Resaltó, además, que el Estado venezolano no ha tipificado como delito la trata de hombres y niños, y por ende, no existen servicios de atención para ellos.
«Hay un creciente número de víctimas de trata venezolanas identificadas en el extranjero, muchas de ellas repatriadas o deportadas a Venezuela. El gobierno nacional no informó que tipo de atención, si la hubo, proporcionaron a las víctimas a su retorno», alertó.
Bolívar se refirió también al denominado «Plan Vuelta a la Patria», detallando que para febrero de 2020 registraba el retorno de solo 17.522 personas, que equivale al 0,35% de la población que ha salido de Venezuela
«Alegaciones según las cuales las medidas coercitivas han impedido una ejecución más amplia de este plan, carecen de fundamento», manifestó.
