La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, afirmó que la mesa de trabajo con el régimen chavista tiene como meta designar en noviembre a los 32 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Nosotros tenemos un entregable de estos hitos para el mes de noviembre, y yo creo que vamos a honrar ese principio de meta», afirmó Figuera en entrevista con Venevisión, donde fue consultada sobre el plazo para la designación de los nuevos magistrados.
La dirigente de Primero Justicia (PJ) precisó que, en paralelo, la mesa debe avanzar en la discusión sobre las garantías políticas y civiles, un tema que calificó de particular interés para ella, vinculado a la devolución de partidos políticos, el levantamiento de inhabilitaciones y la generación de confianza para el ejercicio pleno de derechos políticos.
Figuera sostuvo que la renovación del TSJ y las garantías civiles y políticas son complementarias, y ambas resultan indispensables para avanzar hacia elecciones libres y transparentes. «No se puede tener un país con unas elecciones libres si no hay una institución del Tribunal Supremo de Justicia o si no hay derechos y garantías civiles y políticas«, afirmó.
Inicio del proceso de renovación del TSJ
Las declaraciones de Figuera se producen un día después de que la fraudulenta Asamblea Nacional chavista designara a los 11 diputados que integrarán la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de conducir el proceso de selección de los nuevos magistrados.
La comisión, presidida por el diputado Giuseppe Alessandrello, con Pablo Pérez como vicepresidente, quedó conformada mayoritariamente por diputados del PSUV. Ese mismo comité deberá incorporar, en una siguiente fase, a 12 ciudadanos de la sociedad civil para completar su integración.
El proceso se enmarca además en el acuerdo alcanzado durante la segunda ronda de diálogo, en la que ambas delegaciones acordaron la conformación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al TSJ, integrado por siete juristas, cuatro de ellos postulados por la oposición y tres por el chavismo, que tendrá como función diseñar el baremo de evaluación y revisar las credenciales de los aspirantes a magistrados antes de que el Comité de Postulaciones Judiciales avance en su selección final.
