Al cumplirse un año del atentado contra los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez en Bogotá, representantes de Amnistía Internacional Venezuela y familiares de las víctimas se movilizaron este martes hasta la embajada de Colombia en Caracas para exigir justicia tras 12 meses de impunidad.
La comitiva, entre los que se encontraba el propio Peche, entregó formalmente una carta dirigida a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, en la que exigieron que se reasigne la investigación a un fiscal especializado en violaciones de derechos humanos.
«Hoy estamos exigiendo no otra cosa que justicia. No soy yo quien debe señalar quién ejecutó u ordenó el atentado, pero sí soy yo quien debe exigirle a las instituciones colombianas que lo hagan«, dijo Peche a las afueras de la sede diplomática.
Por su parte, Omar Velásquez, padre de Yendri, calificó de “despreciable” el hecho de que la única respuesta por parte del Estado venezolano ante el suceso haya sido una burla por parte del ministro de interior, Diosdado Cabello.
Amnistía Internacional denunció que, a un año del atentado que casi le cuesta la vida a los dos activistas, la investigación penal «sigue estancada». «Pese a las evidencias encontradas tras el ataque, la impunidad persiste y el peligro para los defensores en el exilio aumenta», señaló la organización.
Un año de impunidad
El 13 de octubre de 2025, hombres armados dispararon varias veces contra Peche y Velásquez cuando salían del edificio donde vivían, en el barrio Cedritos, en la localidad de Usaquén. Ambos sobrevivieron tras múltiples cirugías y meses de rehabilitación. La propia Fiscalía estableció que habían sido objeto de seguimientos previos, que los atacantes permanecieron durante días en otro apartamento del mismo edificio, y que usaron un vehículo hurtado.
Pese a ello, el caso sigue en la Fiscalía 20 Seccional de la Unidad de Vida y, según lo informado a las víctimas, la investigación continúa priorizando hipótesis de delincuencia común o problemas vecinales. Las víctimas piden que pase a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
El 9 de octubre, la Comisión Colombiana de Juristas, que representa a las víctimas, pidió formalmente al fiscal general reasignar el caso y recalificar los hechos como tentativa de homicidio agravada por la condición de defensores de las víctimas, además de desplazamiento forzado, pues Velásquez tuvo que abandonar Colombia tras el ataque.
Ambos habían llegado a Colombia huyendo de la persecución en Venezuela. Velásquez, fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, fue detenido arbitrariamente en el aeropuerto de Maiquetía en agosto de 2024. Peche, analista político y fundador de Sala 58, salió del país en mayo de 2025 tras la detención de su mejor amigo, el periodista Carlos Marcano.
Dos días después del atentado, el ministro de Interior del régimen chavista, Diosdado Cabello, atribuyó el ataque en televisión a una supuesta expareja de Velásquez, citando como fuente a un «patriota cooperante».
El caso ha sido objeto de pronunciamientos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia y de una comunicación conjunta de relatores especiales de la ONU. Para las víctimas, el gobierno colombiano debe considerar formalmente la hipótesis de represión transnacional.
Hoy, 13 de octubre de 2026, representantes de Amnistía Internacional Venezuela, junto a familiares de las víctimas y medios de comunicación, se movilizaron hasta la Embajada de Colombia en Caracas para entregar formalmente una carta dirigida a la Fiscal General de Colombia, Luz… pic.twitter.com/XLQQanHkVT
— amnistia . org (@amnistia) October 13, 2026
