Human Rights Watch (HRW) envió este lunes 24 de octubre una minuciosa carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que lo instan a mantener el apoyo de su país a los esfuerzos por el restablecimiento del Estado de derecho y la recuperación de la democracia en Venezuela.
«Colombia debe priorizar obtener compromisos concretos de las autoridades venezolanas para respetar los derechos humanos; apoyar que ingrese más asistencia humanitaria; restablecer el Estado de derecho; terminar con la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y abordar la violencia, los abusos y la trata de personas en la frontera entre ambos países», reclamó la organización.
HRW recordó que «el gobierno de Maduro, que se aferra al poder a través de una maquinaria represiva, no ha hecho ninguna concesión voluntariamente», sino por el contrario, «ha violado en forma reiterada los derechos de los venezolanos de postularse a cargos públicos y votar en elecciones libres y justas, incluso a través de la inhabilitación arbitraria de opositores políticos».
En este contexto, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, HRW considera que «Colombia podría cumplir un rol clave para contribuir a que cesen las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la frontera con Colombia y para restablecer los derechos políticos y el Estado de derecho en Venezuela, en particular, a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de cara a las elecciones programadas para 2024».
Sin embargo, la organización internacional advirtió que «el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela no es un motivo para guardar silencio ante las violaciones de derechos humanos y la crisis humanitaria en el país».
HRW sugirió que el restablecimiento total de las relaciones diplomáticas y consulares sea aprovechado para que el régimen de Maduro adopte medidas progresivas tales como «la liberación de todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria o permitir que veedores internacionales visiten a quienes están detenidos arbitrariamente en instalaciones de los servicios de inteligencia».
En este sentido, planteó que el Gobierno colombiano «debería apoyar los esfuerzos internacionales orientados a investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela, un incentivo clave para que el gobierno de Maduro vuelva a sentarse en la mesa de negociaciones».
Al respecto, HRW manifestó su «decepción» por el hecho de que Colombia no formara parte del grupo de gobiernos —Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay— que lideró la iniciativa para extender el mandato de la Misión Internacional de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela.
«También nos preocupan las declaraciones de su gobierno acerca de que está evaluando la posibilidad de retirar la remisión de Colombia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la situación en Venezuela», añadió HRW en la carta.
Asimismo, la organización remarcó a Petro que «su gobierno también debería promover que la comunidad internacional movilice más ayuda humanitaria para contribuir a atender la crisis y, aprovechando el acceso que tiene a las autoridades venezolanas, solicitar que apoyen la implementación efectiva de una respuesta humanitaria a gran escala, desligada de fines partidistas».
Por último, al referirse a la actuación de grupos guerrilleros en la frontera, Human Rights Watch subrayó que «cualquier política de seguridad enfrentará desafíos inmensos si los grupos armados en Colombia pueden usar a Venezuela como retaguardia estratégica y actuar con la colaboración o aquiescencia de las fuerzas de seguridad de Venezuela»,
«El gobierno colombiano debería supeditar cualquier cooperación militar con Venezuela al cese inmediato de la complicidad con los grupos armados, así como a un compromiso de abordar la falta de independencia judicial en el país, a fin de que, en el futuro, los funcionarios responsables de estos hechos sean investigados y llevados ante a la justicia», reclamó la ONG internacional.
