El abogado penalista Joel García cuestionó duramente la validez de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada por el régimen de Delcy Rodríguez en febrero, al asegurar que “es un fraude jurídico” que se ha convertido en «un instrumento de control político».
García afirmó que el arresto domiciliario y la vigilancia extrema impuestos a Perkins Rocha, asesor legal de Vente Venezuela y de la Plataforma Unitaria Democrática, demuestra que la amnistía no está siendo aplicada con criterios de justicia ni de reparación.
“La libertad no puede ser una concesión discrecional cuando se fundamenta en la inocencia probada y el respeto a los derechos humanos”, escribió en X.
El abogado sostuvo que la ley carece de generalidad y progresividad, y que al excluir períodos clave de persecución política y omitir la interpretación pro homine, se convierte en “un instrumento de control político y no en un mecanismo de justicia restaurativa”.
Añadió que una amnistía que no protege a perseguidos por sus ideas “contraviene la ontoepistemología del Derecho Penal democrático”.
“Exigimos libertad plena para Perkins Rocha; la justicia no se negocia bajo simulacros legales que niegan la dignidad humana”, concluyó.
Amnistía rechazada
El 13 de marzo, Perkins Rocha informó que el Tribunal Especial Primero de Juicio con competencia en terrorismo declaró “sin lugar” la solicitud de sobreseimiento por extinción de la acción penal presentada por su defensa el 24 de febrero, en el marco de la Ley de Amnistía.
Rocha explicó que el juez José Antonio García Morán consideró que su caso encaja dentro de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 9 de la ley, lo que impide otorgarle el beneficio. El abogado rechazó la decisión y anunció que apelará, al considerar que el tribunal incurrió en “un grave error de interpretación” sobre el espíritu y alcance del instrumento legal.
Rocha fue detenido en agosto de 2024, en medio de la ola represiva posterior a las elecciones presidenciales. Aunque fue excarcelado en febrero de 2026, permanece bajo arresto domiciliario y vigilancia permanente.
2/3 Sostengo que dicha Ley es un fraude jurídico, carece de generalidad y progresividad. Al excluir lapsos temporales críticos y omitir la interpretación pro homine, se convierte en un instrumento de control político y no en un mecanismo de justicia restaurativa.
— Joel García (@joelgarcia69) April 2, 2026
