La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos (FFM) presentó este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una nueva actualización sobre la situación de Venezuela.
Aunque identificaron que ha habido algunos avances en los procesos judiciales internos referidos a algunos casos emblemáticos, como el del exconcejal Fernando Albán o del capitán Rafael Acosta Arévalo, la FFM advirtió que estas investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público chavista «tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel».
Por esta razón, la Misión anunció que ampliará sus investigaciones actuales «a las responsabilidades más altas de la cadena de mando y presentaremos nuestras conclusiones a este Consejo en septiembre de este año. También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delitos».
La FFM también advirtió que las reformas a la ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) llevadas acabo por la cuestionada Asamblea Nacional chavista no resuelven la falta de independencia judicial en Venezuela.»
«Lamentablemente, algunas de éstas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, el equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la Asamblea Nacional son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil. Las enmiendas otorgan también más poderes a la Asamblea Nacional, permitiéndole nombrar a figuras clave del Poder Judicial, como el Inspector General de Tribunales y el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura», subrayaron.
La Misión también dijo que está «profundamente preocupada por el efecto práctico del Artículo Segundo Transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución».
Muertes bajo custodia
La Misión Internacional también denunció que en la segunda mitad de 2021 se produjeron dos muertes en custodia de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tal, ambas relacionadas con la falta de atención médica.
«Una de ellas es la muerte del General Raúl Isaías Baduel, caso documentado previamente por la Misión. Su hijo Josnars Adolfo Baduel Oyoque, quien permanece detenido en El Helicoide del SEBIN y se encuentra en mal estado de salud, requiere atención médica inmediata», reclamaron.
«Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada, a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido. Por ejemplo, Emirlendris Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el Caso de los Drones y sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas«, denunció la Misión.
