La Misión internacional independiente de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela exigió este lunes al régimen de Nicolás Maduro «detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país» desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la «avalancha de graves violaciones a los derechos humanos» que están ocurriendo.
La Misión denunció que a raíz de las protestas se abrió paso a una «feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado».
En este contexto, la Misión registró al menos 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión. “Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”.
También denunció que el fiscal general del régimen calificado de manera indiscriminada como “terroristas” a las más de 2.200 personas que han sido detenidas.
La Misión de la ONU explicó que ha registrado elementos comunes en estas detenciones, que las convierten en «detenciones arbitrarias y constituyen graves violaciones al debido proceso«, dejando a las personas desprotegidas ante el sistema de justicia.
Entre estos elementos se incluyen audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los Tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada; la negación de información a familiares o información tardía e incompleta; o los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas.
“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”.
Entre las personas que han sido detenidas hay dirigentes, miembros y simpatizantes de partidos políticos, periodistas, así como defensoras y defensores de derechos humanos, consideradas o percibidas como opositoras por las autoridades. Sin embargo, la gran mayoría de las personas detenidas simplemente manifestaron su rechazo al resultado de la elección presidencial anunciado por las autoridades. Muchas de estas detenciones ocurrieron después de que las personas participaran en protestas o expresaran sus opiniones en redes sociales, cuando las autoridades las fueron a buscar selectivamente en sus casas.
En este sentido, la Misión ha recibido «información especialmente preocupante» sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas. Además, los niños, niñas y adolescentes no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales
“La Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, señaló Francisco Cox, experto de la Misión.
