La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos denunció este jueves 14 de enero los «constantes y crecientes ataques» en contra de defenesores de derechos humanos y periodistas en Venezuela.
48 horas después del allanamiento a la sede de la ONG Azul Positivo y la detención de seis de sus trabajadores humanitarios, y una semana después del cierre del canal digital VPItv, la ONU reaccionó por medio de la portavoz de la Oficina para los Derechos Humanos, Marta Hurtado.
A continuación la declaración:
«Estamos profundamente preocupados por los constantes y crecientes ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas en Venezuela. En el último incidente, el 12 de enero en el estado de Zulia, oficiales de contrainteligencia militar y de la policía regional allanaron la ONG Azul Positivo. Documentos fueron incautados y seis empleados fueron arrestados. Cinco siguen detenidos. No han podido ver a sus abogados ni a sus familiares.
Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales. Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal.
Al menos tres medios de comunicación también fueron objeto de ataques el 8 de enero, cuando, supuestamente, funcionarios públicos confiscaron sus equipos, sellaron sus oficinas o intimidaron a su personal. Estos incidentes siguen a casos similares de periodistas acosados o intimidados, mientras funcionarios públicos han emitido una serie de declaraciones deslegitimando a los medios de comunicación. Hay informes cada vez más preocupantes de que los periodistas se están censurando a sí mismos por miedo.
Instamos a las autoridades a que dejen de acosar a personas por realizar un trabajo legítimo, ya sea en el sector humanitario, de derechos humanos, o en los medios de comunicación. Una sociedad civil libre, diversa y activa es crucial para cualquier democracia y debe ser protegida, no estigmatizada o perseguida».
