La muerte de Víctor Alfonso Rivero en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado Sucre, volvió a encender las alarmas sobre la situación del sistema penitenciario venezolano. El preso político falleció mientras permanecía bajo custodia del régimen, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Con este caso, la organización contabiliza 20 personas privadas de libertad fallecidas en centros de reclusión del país desde abril de 2026, una cifra que evidencia el agravamiento de las condiciones dentro de cárceles y calabozos policiales.
El OVP sostuvo que cada nuevo deceso pone de relieve la falta de respuestas efectivas ante la crisis que afecta a la población reclusa. La ONG cuestionó cuántas pérdidas humanas más deberán registrarse antes de que las autoridades del régimen reconozcan la emergencia existente en los establecimientos penitenciarios.
La organización recordó que las personas detenidas se encuentran bajo la responsabilidad directa del régimen, por lo que cualquier fallecimiento relacionado con ausencia de atención médica, retrasos en traslados hospitalarios o condiciones incompatibles con la dignidad humana representa una grave vulneración de derechos fundamentales.
Diversos organismos internacionales han reiterado durante años que los Estados tienen la obligación de garantizar la vida, la integridad física y la salud de quienes permanecen privados de libertad. Entre ellos figuran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, que han emitido recomendaciones sobre la protección de esta población.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que en Venezuela son frecuentemente los familiares quienes deben asumir tareas que corresponden a las instituciones, como proveer medicamentos, alimentos, insumos básicos y gestionar asistencia médica para los internos.
El observatorio advirtió que la sucesión de fallecimientos no puede interpretarse como hechos aislados. A su juicio, existe un patrón que requiere la actuación inmediata de los organismos competentes y el monitoreo constante de instancias internacionales especializadas en derechos humanos.
La ONG insistió en que la acumulación de casos refleja problemas estructurales que persisten dentro del sistema penitenciario venezolano, marcado por denuncias sobre deficiencias sanitarias, dificultades para acceder a tratamientos y demoras en la atención de emergencias médicas.
Mientras familiares de reclusos continúan exigiendo respuestas, el OVP reiteró su llamado a investigar cada fallecimiento ocurrido bajo custodia del régimen y a adoptar medidas urgentes que permitan proteger la vida de quienes permanecen recluidos en los centros de detención del país.
🚨 #OVPDenuncia Víctor Alfonso Rivero murió bajo custodia del régimen venezolano en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, estado #Sucre. Con este nuevo fallecimiento, ya son 21 las personas privadas de libertad que han muerto tras las rejas desde abril de 2026.
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— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 8, 2026
