La audiencia de juicio de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel -detenida arbitrariamente desde febrero de 2024- fue diferida este lunes, por cuarta vez, para el 26 de mayo por «falta de traslado» al juzgado.
A través de X, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) dijo que «es inadmisible» que se siga «dilatando» la audiencia de juicio de San Miguel, cuya libertad y salud «continúan siendo vulneradas».
La ONG subrayó que hace «más de siete meses» San Miguel sufrió una fractura en su hombro que le ha «causado la pérdida de movilidad en el brazo y (permanece) sin recibir la atención médica adecuada».
«Necesita atención médica urgente por una fractura no tratada adecuadamente, producto de una caída en el lugar de detención», indicó la organización no gubernamental.
Por esta razón, JEP pidió la «liberación inmediata» de la activista y que se «respete su derecho a la salud y a una defensa efectiva».
«Un año después de su arresto arbitrario, la activista sigue siendo víctima de un sistema judicial que obstaculiza su derecho a una defensa adecuada y su acceso a atención médica», denunció.
San Miguel, acusada sin pruebas por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una «trama conspirativa» que supuestamente buscaba «atentar» contra Nicolás Maduro y altos funcionarios del país caribeño, fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Según el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países que no precisó.
Con información de EFE
