Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, fue excarcelado la madrugada de este jueves 22 de enero de 2026, tras permanecer 380 días detenido arbitrariamente y desaparición forzada.
La excarcelación ocurre tres días después de que su esposa, Mariana González de Tudares, denunciara públicamente haber sido víctima de tres episodios de extorsión por parte de agentes vinculados al régimen chavista, ocurridos en sedes diplomáticas, espacios del Arzobispado de Caracas y oficinas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
«Estas tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos. En los tres episodios hubo testigos presenciales, quienes escucharon íntegramente todo lo que se me dijo«, denunció González de Tudares en su carta publicada el 19 de enero de 2026.
Las reuniones de la extorsión ocurrieron en enero de 2025, días después de la detención arbitraria del yerno del presidente electo. Fuentes informaron a Monitoreamos.com que, además del Arzobispado, la sede diplomática donde se produjeron estas presiones fue la Embajada de Suiza en Caracas, mismo lugar donde el régimen entregó a Tudares a su familia la madrugada de este jueves, luego de que estallara el escándalo por la denuncia de su esposa.
Durante la excarcelación de Rafael Tudares estuvieron presentes monseñor Raúl Biord Castillo, arzobispo de Caracas; Ricardo Cusanno, integrante del Foro Cívico y expresidente de la Cruz Roja impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia chavista; Gilles Roduit, embajador de Suiza en Venezuela; e Indira Urbaneja, propagandista del régimen. El momento de la entrega en la Embajada de Suiza quedó registrado en una fotografía que publicó el propio Cusanno en su perfil de Instagram.
Fuentes informaron a Monitoreamos.com que en las reuniones para presionar a la familia González-Tudares en enero de 2025 habrían participado los mismos personajes retratados en la imagen, además de otros actores:
- Monseñor Raúl Biord Castillo, arzobispo de Caracas.
- Ricardo Cusanno, integrante del Foro Cívico y expresidente de la Cruz Roja impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia chavista.
- Gilles Roduit, embajador de Suiza en Venezuela.
- Indira Urbaneja, propagandista del régimen.
- Gianluca Rampolla, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela.
- Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen.
En su carta, Mariana González denunció que en las tres reuniones en las que fue extorsionada se le dijo que «para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa».
“Eso configura un patrón de coerción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal”, afirmó González.
La versión de los involucrados
Luego de la denuncia de la hija de Edmundo González, algunos de los involucrados se han pronunciado intentando aclarar los señalamientos en su contra. Tal fue el caso del arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, quien emitió un comunicado asegurando que «en ningún momento, se ha realizado en la arquidiócesis ninguna ‘extorsión’ o presión a familiares de detenidos ni a nadie».
Igualmente, en su publicación de Instagram, Ricardo Cusanno escribió: «Hoy hago público mi aporte en este proceso de liberación es única y exclusivamente mi honor y el de mi familia, en virtud de las falsas acusaciones por el supuesto delito de extorsión a las que he sido sometido por distintos personajes que, de manera pública y notoria, han instrumentalizado políticamente mi participación de muchos meses en espacios diplomáticos, acompañando junto a diversos actores de la sociedad venezolana a construir y/o incidir en decisiones que no solo han estado vinculadas a liberaciones de privados de libertad, sino también a otros ámbitos de nuestra cotidianidad. Reitero y niego rotundamente las falsas acusaciones en mi contra, así como me reservo de ejercer mi legítimo derecho a la defensa y presentar pruebas ante las autoridades nacionales e internacionales, desde donde, de manera indiscriminada y sobre la base de mentiras, he sido atacado».
Por su parte, el Foro Cívico emitió un comunicado rechazando los señalamientos recibidos a través de las redes sociales, asegurando que se busca «desacreditar reputaciones mediante mensajes indirectos e insidiosos (…) con el propósito de difamar, injuriar, escarnecer o calumniar, instigada por el solo interés de promover la ‘sanción social’ de quien piensa distinto».
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