Telefónica Venezolana C.A., subsidiaria de la compañía española de telecomunicaciones, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y pagará 85,2 millones de dólares para resolver una investigación sobre un plan para sobornar a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en 2014 para recibir acceso preferencial a dólares estadounidenses en una subasta de divisas.
“Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para participar en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Telefónica Venezolana ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa”, dijo la fiscal general adjunta principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.
La fiscal explicó que “Telefónica Venezolana decidió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela. Esta resolución es otro ejemplo más del compromiso del Departamento de Justicia de luchar contra la corrupción y hacer que las empresas rindan cuentas por su conducta delictiva”.
Según los documentos y admisiones judiciales, en 2014, Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el régimen de Maduro que le permitió cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Para asegurar su éxito en la subasta, Telefónica Venezolana reclutó a dos proveedores para que realizaran aproximadamente $28,9 millones en pagos corruptos a un intermediario, sabiendo que algunos de esos fondos se pagarían como una “comisión” a funcionarios del régimen venezolano.
Para ocultar los pagos de sobornos, Telefónica Venezolana cubrió el costo de los sobornos comprando equipos de los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus pagos corruptos, Telefónica Venezolana obtuvo permiso para intercambiar y posteriormente recibir más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema. Estos fondos representaron más del 65% de los fondos que el régimen de Maduro otorgó en la subasta de divisas de 2014.
El fscal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, detalló que “Telefónica Venezolana, una subsidiaria y agente de un emisor estadounidense, acordó llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a la moneda estadounidense y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones venezolano (…) Luego, los intermediarios canalizaron los pagos de sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en los Estados Unidos. Esta oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a quienes mantienen su posición en el mercado apaciguándolos”.
Por este caso, la compañía era acusada de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Telefónica Venezolana y su matriz corporativa en España acordaron, entre otras cosas, continuar cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del DPA. Además, Telefónica Venezolana y Telefónica acordaron mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al gobierno sobre la remediación e implementación de su programa de cumplimiento mejorado.
“Este caso es un ejemplo del esfuerzo incansable de la Oficina de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) y de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para combatir la corrupción y proteger los intereses de los Estados Unidos”, dijo el agente especial ejecutivo a cargo Kareem Carter de la Oficina de Campo del IRS-CI en Washington. “Estamos comprometidos a llevar adelante investigaciones sobre fraude corporativo en un esfuerzo por proteger a los consumidores de tener que asumir los costos asociados con la actividad criminal”.
