La organización Transparencia Venezuela publicó el informe «Mapa de empresas en sector petrolero 2026», que identifica 63 empresas activas en el sector, 21 empresas nuevas, 11 con proyectos en estudio y 15 desplazadas.
Según el informe, las compañías provienen de 33 países, con Estados Unidos, Barbados, China, Rusia, España y Venezuela a la cabeza.
De los 303 bloques petroleros y gasíferos, 134 están en manos de empresas privadas. Transparencia Venezuela precisa que el total de bloques surge de polígonos públicos del repositorio ESRI del profesor Carlos González, basados en datos del Ministerio de Petróleo, hoy de Hidrocarburos.
Chevron, ENI y Repsol adaptaron sus contratos a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026 o ampliaron su control operativo. En el caso de Chevron, el informe indica que aumentó su participación en Petropiar, Petroboscán y Petroindependencia, y que cedió a Pdvsa parte de sus derechos en los bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana. Luego, Pdvsa otorgó licencias en esas áreas a BP, XRG y UCC Oil and Gas.
La mayor asignación corresponde a North American Blue Energy Partner (Nabep), con 35 bloques, según el cálculo de la organización. El informe señala que la empresa quedó en manos de Alejandro Betancourt, tras la venta de la participación de Harry Sargeant III, y que en septiembre se anunció que el Departamento de Guerra de EE.UU. tendría derechos sobre el 35% de Nabep.
Entre los campos que Nabep asumiría figuran los asignados en 2024 a China Concord Resources, el campo Dobokubi, antes de Hainan Breey Energy, y áreas vinculadas a Sinopec, CNPC y Rozsarubezhneft. Transparencia Venezuela aclara que esto se basa en declaraciones de autoridades estadounidenses citadas por Reuters, y que no hay certezas sobre la situación de algunos socios.
Pacific Coast Energy Co. (PCEC) recibió 12 bloques en Occidente y la Faja Petrolífera del Orinoco. Entre ellos están los campos de Petrocabimas, donde Suelopetrol tenía 40%, y los de Petrodelta, donde DP Delta Finance B.V., de la familia Cisneros, tenía 40%. El informe indica que DP Delta Finance anunció acciones administrativas y su disposición a recurrir a la vía legal.
La organización señala entre las empresas desplazadas a Suelopetrol, cuyo 1% en Petroindependencia fue revocado por Pdvsa, y a DP Delta Finance. También menciona a socios de contratos de participación productiva como Hainan Breey, Cavallino Oil, LNGC Growth I, Integra Oil & Gas y West Construcciones.
Los anuncios de funcionarios de EE.UU. incluyeron el desplazamiento de Álex Saab, pero Transparencia Venezuela dice que no pudo corroborar si participaba en alguna empresa con derechos de explotación.
El informe también cita 11 proyectos en estudio, entre ellos acuerdos de Baker Hughes, Continental Resources (Ayacucho 2), TotalEnergies, Aspect Holdings y Halliburton, además de la evaluación de ExxonMobil sobre el campo Cerro Negro.
Dudas sobre capacidad e integridad
Transparencia Venezuela plantea dudas sobre la experiencia y los beneficiarios finales de Nabep, PCEC y UCC Holding. Sobre Nabep, el informe cita a Reuters respecto a una producción de 224.000 barriles diarios y a dudas de expertos sobre su meta de 1.000.000 de barriles. También recuerda acusaciones contra Betancourt por presuntas prácticas corruptas, que la organización recoge de sus publicaciones previas.
Del propietario de PCEC, Alshair Fiyaz, el informe dice que no hay certezas sobre los beneficiarios finales. Sobre UCC Holding, cita a The New York Times y a Armando.Info, que la vinculan con los hermanos Moutaz y Ramez Al-Khayyat, asociados comercialmente con el yerno de Donald Trump.
El informe recuerda que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos eliminó la aprobación de los acuerdos por la Asamblea Nacional y su publicación en Gaceta Oficial. Añade que hay concentración de decisiones en el Ministerio de Hidrocarburos y no existe una autoridad regulatoria independiente.
Transparencia Venezuela afirma que hay al menos dos casos de presunta violación de derechos de propiedad y unos 15 de modificación de condiciones contractuales sin procedimientos conocidos. Según la organización, la Contraloría y la Fiscalía «siguen cooptadas» por el Ejecutivo. También dice que no es posible valorar el impacto para el país por falta de información sobre producción, ingresos y empleo.
Transparencia Venezuela pide publicar todos los contratos con las empresas activas y con las que estudian acuerdos, y publicar los beneficiarios reales y sus representantes. Solicita además la difusión de las regulaciones del Fondo Petrolero y un informe de Pdvsa sobre exportaciones bajo la Orden Ejecutiva 14.373, con compradores, precios y volúmenes.
Pide también que el Ministerio de Hidrocarburos informe el régimen fiscal aplicado a cada socio y que la Contraloría audite los reportes de ventas. Al Banco Central y al ministerio de Finanzas les pide informar sobre las divisas y los recursos recibidos del Departamento del Tesoro de EE.UU.
