Transparencia Venezuela denunció, en su más reciente informe de monitoreo sistemático a buques petroleros, que PDVSA continúa operando con una extensa flota irregular pese a la reciente flexibilización de sanciones y la progresiva formalización del comercio petrolero.
Según la organización, durante julio de 2026 se identificaron 46 buques sancionados y furtivos en aguas territoriales venezolanas, la cifra más alta registrada en los últimos 13 meses.
Del total, 14 embarcaciones se encuentran sujetas a sanciones directas y 32 fueron clasificadas como furtivas. Esta actividad ocurre en un contexto de opacidad persistente en la industria estatal, aun cuando las exportaciones legales han mostrado una tendencia creciente impulsada por licencias otorgadas a socios como Chevron y Repsol.
Uno de los hallazgos del informe se basa en una comunicación filtrada desde la vicepresidencia de Comercio y Suministro Internacional de PDVSA, suscrita por Anabel Pereira Fernández y dirigida al vicealmirante José Rafael González Torrealba, director general de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación. Según el documento, de la flota operativa controlada por la estatal venezolana, el 72% es de carácter irregular.
PDVSA cuenta con 22 tanqueros propios, de los cuales solo 5 están operativos. De estos, solo uno, el Negra Hipólita, carece de restricciones, mientras que los otros cuatro —Soldier, Colón, Anita y Río Orinoco— son buques sancionados o furtivos. Además, la estatal controla 56 buques con banderas de otros países, de los cuales apenas 16 (28%) no tienen estatus de furtivos o sancionados, y 6 operan junto a la estatal cubana Cubametales, sancionada por la OFAC desde 2019.
Transparencia Venezuela señaló que PDVSA ha fortalecido alianzas con países expertos en la evasión de sanciones, como Irán, Rusia y Cuba, para incorporar embarcaciones que utilizan tácticas como el trasiego de carga, el reetiquetado del crudo y el «spoofing» para el comercio internacional. Al sumar la flota propia y la abanderada por terceros, la organización calculó que el 72% de la flota petrolera operativa controlada por Venezuela es irregular.
El monitoreo detectó, sin embargo, una disminución en los llamados «buques oscuros», aquellos que mantienen apagadas sus señales AIS: en julio solo se identificaron 5, frente a los 31 detectados en diciembre de 2025. Según la organización, la flexibilización de sanciones y la vigilancia del tráfico marítimo habrían motivado el encendido de las señales de estos buques irregulares, sin que ello implicara consecuencias.
La organización precisó que gran parte de la flota sancionada se ha concentrado en los puertos petroleros y petroquímicos del occidente del país, específicamente en Amuay, Cardón, Bajo Grande, Cabimas y Puerto Miranda, donde realiza labores de cabotaje y almacenamiento flotante.
El informe concluyó que el incremento en la producción y exportación petrolera —que en julio alcanzó los 1,16 millones de barriles diarios, con envíos a Estados Unidos de 780.000 barriles diarios, la mayor cifra desde 2019— no es suficiente si no viene acompañado de rendición de cuentas. Transparencia Venezuela cuestionó cómo se reporta contablemente este comercio a través de buques irregulares, y exigió al régimen interino reglas claras y transparentes en las negociaciones con inversionistas y empresas de comercio.
