Al cumplirse este 25 de marzo, un año de la masacre de El Ripial, en el estado Apure, donde fueron asesinadas cinco personas, cuatro de ellas miembros de una misma familia, organizaciones de derechos humanos de Venezuela denunciaron que el Ministerio Público mantiene paralizada la investigación de los hechos, situación que demuestra que no existe ninguna voluntad de investigar, ni a los autores materiales, ni a las cadenas de mando.
Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, aseguró que tal situación contradice totalmente el memorándum de entendimiento que suscribió el Estado venezolano con la fiscalía de la Corte Penal Internacional, que obliga al Estado a realizar investigaciones genuinas en aquellas situaciones en la cual se pueda presumir que han cometido crímenes de lesa humanidad.
Alvarado recordó que las ejecuciones extrajudiciales están catalogadas como crímenes de lesa humanidad, por tal motivo, manifestó que es obligación del Ministerio Público investigar, no solo a los autores materiales del asesinato de estas cinco personas, sino también a la cadena de mano de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, quienes serían los presuntos responsables de la masacre, y a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional que dirigían todos los operativos militares en ese momento.
«También debe investigarse la denuncia de los detenidos de haber sido sometidos a tortura«, reclamó.
Indicó que es importante que se conozca que organismos internacionales de protección han estado al tanto de lo que ha venido ocurriendo en Apure, en medio de un conflicto armado.
«Hemos estado informando a la Misión de Determinación de Hecho de Naciones Unidad, igualmente a la oficina de la Alta Comisionada de Derecho Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», precisó Marino Alvarado.
Por su parte, Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo, rememoró que durante los eventos ocurridos en la citada zona de Apure, también fueron detenidas 31 personas.
«Le estamos exigiendo al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, que le informe a la opinión pública nacional e internacional, los resultados de su investigación, que de acuerdo a lo que hemos adelantado, tanto Provea como la Fundación El Amparo, está totalmente paralizado en la Fiscalía 62 de Caracas», señaló Márquez.
Expuso que, a pesar de que fueron enviados dos fiscales y dos expertos, no pasaron de la población de La Victoria, no han llamado a declarar a ningún testigo ni familia, ni han promovido pruebas, mientras que los propios abogados apoderados de las víctimas, con documentos notariados en Arauca y en Guasdualito, no han podido tener acceso al expediente.
«Lo cual representa impunidad y encubrimiento de parte de la Fiscalía del Ministerio Público, en contra versión con los acuerdos suscritos con la fiscalía de la Corte Penal Internacional, la promesa hecha a la Misión Internacional Independiente y a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la señora Bachelet», argumentó Márquez.
