Laura Dib, directora para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), compareció ante el Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. para exponer un balance sobre la situación institucional y humanitaria en Venezuela.
Dib recordó que durante las últimas dos décadas el régimen chavista desmanteló progresivamente las instituciones democráticas, con el Poder Judicial capturado y el Consejo Nacional Electoral (CNE) bajo control del Ejecutivo.
Explicó que esta arquitectura de poder permitió una política de persecución con fines políticos, detenciones arbitrarias y desaparición forzada, que la misión de determinación de los hechos de la ONU ha calificado como crímenes de lesa humanidad.
La directora de WOLA señaló que, tras la proclamación de la fraudulenta victoria de Maduro en julio de 2024, la autoridad competente no presentó las actas de escrutinio, mientras los resultados publicados de forma independiente mostraban un triunfo opositor por un margen amplio. La represión que siguió a las protestas ciudadanas dejó más de 2.000 detenciones, incluidas las de niños.
Dib afirmó que, aunque la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero abrió una salida a la parálisis política posterior a 2024 y permitió la liberación de más de 700 presos políticos, «esto todavía no se ha traducido en una transición democrática genuina».
La directora de WOLA cuestionó la instalación de Delcy Rodríguez como encargada del régimen, mediante la figura de «ausencia forzada», que no existe en la Constitución venezolana. Precisó que, incluso bajo la interpretación más flexible, su período venció el 2 de julio sin que se convocara elección alguna.
Dib denunció que más de 500 personas permanecen presas por razones políticas, mientras las leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes y los partidos políticos continúan sujetos a intervención judicial.
Sobre los terremotos de junio, la directora de WOLA fue enfática: «el terremoto reveló la urgencia del retorno al estado de derecho», en un país que ya atravesaba una emergencia humanitaria prolongada, resultado de años de corrupción y desinstitucionalización.
Citó que, antes del sismo, la ONU estimaba que 7,2 millones de venezolanos necesitaban asistencia humanitaria, aunque solo el 23% del plan de respuesta contaba con financiamiento. Añadió que cerca de 8 millones de venezolanos han salido del país, entre ellos personal médico e ingenieros.
Dib pidió al Congreso estadounidense que utilice su relación con las autoridades venezolanas para exigir pasos concretos y verificables: la liberación incondicional de los presos políticos, la derogación de la ley antiONG y otras normas usadas para criminalizar el trabajo de la sociedad civil, el acceso territorial pleno para mecanismos internacionales de derechos humanos, la restitución de las libertades de prensa y una hoja de ruta creíble y participativa hacia el orden constitucional.
La directora de WOLA también solicitó a los legisladores mantener el financiamiento a programas de derechos humanos y democracia para Venezuela, ejercer supervisión sobre los recursos petroleros venezolanos retenidos por el Departamento del Tesoro de EE.UU., y continuar exigiendo respeto a los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos en territorio estadounidense.
Cerró su intervención señalando que «los venezolanos tienen derecho a elegir libremente a sus líderes» y que depositan grandes expectativas en el papel que EE.UU. puede desempeñar para respaldar ese objetivo.
Importante presentación de la @lauradib de @WOLA_org ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU.
"El terremoto reveló la urgencia del retorno al estado de derecho. Los venezolanos necesitan instituciones capaces de protegerlos.… pic.twitter.com/1OduYLzRXh
— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) July 15, 2026
