Organizaciones sociales de las Américas exigieron este miércoles a la OEA enfrentar a los regímenes autoritarios de la región, a frenar la persecución, encarcelamiento de opositores y líderes sociales y a garantizar los derechos de los migrantes y de las mujeres.
34 voceros, en representación de cerca de 450 líderes sociales del continente, intervinieron en el diálogo entre la sociedad civil con los jefes de delegación y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el marco de la 54 Asamblea General del organismo.
Desde el Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico, Nahuel Placanica pidió a los países asegurar la protección de los derechos colectivos de los trabajadores quienes, según dijo, soportan persecución, incluso asesinato, y campañas de criminalización de su legítimo derecho a la huelga.
Otras organizaciones, como la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, expresaron su preocupación por el deterioro de la institucionalidad democrática y el avance del autoritarismo.
En esa línea, el paraguayo Dante Leguizamón llamó la atención por la aplicación de políticas de seguridad “regresivas” con la prolongación de regímenes de excepción en El Salvador y Ecuador, así como la militarización de la seguridad en México.
Por su parte, Nicole Hernández, del Centro de Justicia y Paz, demandó a la OEA garantizar unas elecciones «libres y justas» en Venezuela, donde, a su juicio, prevalece una situación de represión a la oposición.
Denunció que, en pleno año electoral, se han registrado 32 “detenciones arbitrarias” a líderes sociales y políticos y 17 desapariciones forzadas. «Con las elecciones presidenciales del 28 de julio a la vista, y con una ciudadanía esperanzada con la libertad y la posibilidad de cambio, observamos la consolidación de un sofisticado sistema represivo que viola los derechos de los venezolanos que, con la combinación de métodos ‘duros’ y ‘blandos’ de represión busca dar una apariencia de normalidad mientras se violan derechos fundamentales y se amenaza esa esperanza de la población (…)».
«Como parte de una acción inmediata, exhortamos a los Estados del hemisferio en la creación de un Día Interamericano en Contra de la Prisión Política para dar voz y visibilidad a las víctimas de la persecución y represión política. Este día no sólo honraría su memoria, sino que también serviría como un llamado a la acción para la comunidad internacional, promoviendo la defensa de los derechos humanos y la justicia. Además, establecer este día fortalecería la solidaridad entre las naciones, y contribuiría a prevenir futuras violaciones de derechos fundamentales», destacó.
«En un momento crucial para Venezuela y la región, los venezolanos demandamos de la comunidad internacional un compromiso firme con los derechos humanos y la democracia«, recalcó Hernández.
Preocupación por la inseguridad y los migrantes
Los voceros de la sociedad civil coincidieron que la escalada de la inseguridad en la región constituye una afrenta a la democracia y pone en riesgo los derechos humanos de comunidades históricamente relegadas y de miles de migrantes que se exponen al tráfico ilegal de personas, a violencia extrema y desapariciones.
En ese sentido, Cristian Badillo, de la Coalición Construyendo Nuevos Horizontes, propuso la creación de un banco de identidad genética que permita a las familias identificar a sus desaparecidos.
Igualmente, Luis Carlos Rodríguez, de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, exigió mejorar y fortalecer los sistemas nacionales de refugio y asilo y que los países «se abstengan del uso de discursos y políticas securitaristas y restrictivas en fronteras».
Violencia contra las mujeres
Otras agrupaciones, como Synergia-Initiatives for Human Rights, en la voz de Mirta Moragas, exigió a los Estados proteger a las niñas de «maternidades impuestas» y el acceso insuficiente a la anticoncepción, servicios de aborto y de salud sexual y reproductiva para las mujeres.
Por otro lado, Juan Pablo Pezzetta de Asociación Civil Abogados por la Vida – Santa Fe, cuestionó que la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) supuestamente aplique un “sesgo ideológico” y “selectivismo judicial” al priorizar casos sobre la despenalización del aborto o reivindicaciones de la comunidad LGTBI y no atienda a prioridades como la pobreza o la inseguridad.
