La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, denunció en Lisboa que Venezuela ha ido de mal en peor en lo que respecta a derechos humanos y que no ha habido progresos en la última década.
Callamard subrayó que su organización tiene «el mismo diagnóstico» sobre el país latinoamericano que el que hizo recientemente una misión expertos independientes, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La misión asegura que Venezuela ha sufrido una de las crisis de derechos humanos más graves tras las elecciones de julio pasado, en las que se proclamó vencedor el presidente Nicolás Maduro en un controvertido anuncio, ya que la oposición rechaza el resultado y ha denunciado fraude.
Callamard subrayó que AI ha llevado a cabo una investigación «a fondo» en los últimos cinco años y que ha encontrado «pruebas» de crímenes contra la humanidad cometidos en territorio venezolano, «en particular persecución con motivos políticos».
«Hemos hallado pruebas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, estigmatización de los defensores de derechos humanos y arrestos de gente por disentir de las autoridades», enumeró Callamard, quien remarcó que «en el periodo post electoral la represión ha escalado» y se ha visto «un deterioro marcado».
En ese sentido, recordó que unas 2.000 personas que fueron apresadas tras los comicios siguen detenidas, entre ellas varios activistas pro derechos humanos.
Además, «sabemos que al menos 25 personas han fallecido por el uso de fuerza letal, incluidos menores -agregó-. Sabemos que se ha adoptado una ley anti-ONG; que se ha maltratado a menores que siguen detenidos».
Esta situación también ha afectado a AI: «Nuestros colegas de Amnistía Internacional han tenido que marcharse, han tenido que tomar muchas precauciones para continuar su trabajo», dijo Callamard.
Ante este panorama, el grupo pide «la liberación incondicional de quienes estén detenidos por la expresión pacífica de sus puntos de vista políticos o de otro tipo».
«Debemos pedir el fin de las detenciones arbitrarias, debemos pedir rendición de cuentas por todo lo que ha pasado…», subrayó la secretaria general de AI.
Callamard opinó que el régimen de sanciones contra Venezuela «funciona moderadamente», ya que durante y después de la pandemia, y a lo largo de la guerra en Ucrania, «Venezuela y el petróleo venezolano se han convertido en un atractivo interesante, incluso para aquellos que querían condenar a Venezuela».
«Por tanto, esta es una de esas crisis de derechos humanos proactivas y parece que ahí tampoco hay un final a la vista», zanjó la activista.
