El Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP) denunció que las amenazas, amedrentamientos, persecuciones, detenciones arbitrarias, torturas y retardos procesales se han convertido en un factor común en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El defensor de derechos humanos y director del OLACP, Humberto Prado, destacó cómo se ha extendido por América Latina el sistema represivo propio de la dictadura cubana, a través de la violación de los derechos fundamentales de cientos de privados de libertad.
“La violación a la integridad personal de las personas privadas de libertad, específicamente el ensañamiento de actos de tortura en contra de los presos políticos, es una regla en estos tres países, donde además no existe un debido proceso judicial, sino la imposición de la voluntad arbitraria de los cuerpos militares y policiales”, aseveró Prado, quien ha sido un reconocido defensor de los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela.
Amenazas de muerte a los detenidos y sus familiares, aplicación de electricidad en partes íntimas, lesiones graves tales como vacío de ojo, laceración de labios, violencia sexual, asfixia mecánica y por ahogamiento, luces encendidas durante las 24 horas, nulo contacto con luz solar, entre otros, son parte de los actos de torturas que aplican contra los presos políticos en estos países.
Al respecto, Laritza Diversent, directora de Cubalex, señaló que durante las últimas seis décadas Cuba ha creado un eficiente mecanismo de control social, político y económico, cuya principal herramienta ha sido el proceso de criminalización. “Se castiga con la cárcel a todo aquel ciudadano que exprese sus opiniones contra la dictadura y sus gobernantes. Los opositores antes de ser privados de libertad, son sometidos a hostigamiento sistemático con diferentes técnicas que tienen como objetivo buscar que las personas desistan de la labor que realizan o se exilien”, indicó.
Por su parte, Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + Impunidad, informó que en su país, de las aproximadamente 1.700 personas detenidas desde abril de 2018, la mitad de ellas fueron puestas en libertad durante los primeros días de detención sin que se lograran formular acusaciones en su contra, sin embargo violando la ley, su detención duró más de 48 horas sin ser presentados ante las autoridades judiciales competentes, tiempo durante el cual les raparon la cabeza, fueron sometidos a arduos interrogatorios y torturas.
“En el lapso de un año, entre abril de 2018 y 2019, unas 779 personas fueron detenidas y procesadas por delitos como daños a la propiedad, lesiones, delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y terrorismo, entre otras. Muchos de ellos a través de tratos crueles e inhumanos fueron obligados a realizar videos donde confesaban su participación en actos delictivos o declaraban la participación de terceras personas en estos hechos”, señaló la jurista.
Destacó que en Nicaragua en la actualidad hay 14 mujeres detenidas entre los más de 180 presos políticos, y a la fecha su organización ha documentado 138 casos de excarcelados políticos que denuncian torturas.
En Venezuela la realidad es como una copia a carbón. La ausencia de independencia entre los poderes públicos es palpable. El abogado Joel García, defensor de presos políticos en este país, señaló que el poder judicial, que debería estar encargado de velar y controlar las actuaciones de los órganos del poder público conforme a los derechos humanos, no es independiente ni autónomo al poder ejecutivo. “Lo mismo sucede con la Fiscalía, que pareciera un órgano dependiente del ejecutivo, y es utilizada como medio de represión y castigo para la disidencia”, afirmó.
Coincidencias como la implementación de leyes inconstitucionales que violentan los derechos humanos y pretenden dar imagen de legitimidad a esas violaciones fueron analizadas durante este foro, como la aplicación de la Ley de Amnistía en Nicaragua, o la Ley contra el Odio en Venezuela, que se aplica a los opositores, pero no a los integrantes del oficialismo.
Para concluir, los expertos destacaron la clara posición de contumacia y rechazo de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela frente a la supervisión de la comunidad internacional, la cual se ha visto reflejada de distintas formas, como la expulsión de representantes de organizaciones de derechos humanos, la exigencia de mantener silencio, o mediante la denuncia de tratados internacionales de derechos humanos, que solo persiguen aislar a estos países de las normativas internaciones para continuar cometiendo libremente arbitrariedades y violación de los derechos humanos.
