El Partido Demócrata exigió este lunes publicar todos los contratos relacionados con la construcción del nuevo centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’, al acusar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, de otorgar contratos a sus donantes políticos para levantar el sitio.
Los opositores sostuvieron que DeSantis, del Partido Republicano, «abusó» de su poder para declarar una emergencia, asignar los contratos sin una licitación pública y construir en tan solo ocho días el nuevo centro en la zona natural de los Everglades al oeste de Miami, con un valor estimado en 450 millones de dólares.
Por ello, presentaron una petición formal de transparencia a la Oficina del Gobernador y la División de Gestión de Emergencias de Florida para obtener «todos los documentos relacionados con los contratos del estado detrás del campo de internamiento conocido como ‘Alligator Alcatraz'».
«Los floridanos merecen saber exactamente quién se está haciendo rico con su dinero, por lo que hemos presentado esta petición formal de documentos públicos», expresó en un pronunciamiento la presidenta del Partido Demócrata en Florida, Nikki Fried.
El anuncio ocurre tras el recorrido por el sitio del sábado de legisladores federales y estatales de Florida, quienes denunciaron que hay cerca de 750 migrantes en jaulas, con más de 30 personas hacinadas en cada una, sin acceso a condiciones de higiene y con temperaturas de 83 grados Farenheit (casi 30 centígrados).
Los congresistas también han condenado que la «vasta mayoría» de los detenidos no tengan antecedentes penales ni un historial de violencia, incluyendo a inmigrantes legales.
«Este lugar debería cerrarse. Hay muchos lugares mucho más humanos, menos costosos y adecuados para hacer un centro de detención que este espectáculo político», reiteró este lunes el representante federal Darren Soto, quien el fin de semana accedió al sitio.
Sus denuncias se suman a las de organizaciones ambientalistas como Friends of The Everglades, que piden que el Gobierno de Florida cierre el lugar porque se construyó sin una evaluación de impacto ambiental en medio de una zona natural con más de 30 especies en riesgo, como caimanes, serpientes, panteras y aves.
Pero el Gobierno de Donald Trump y el de Florida han defendido el lugar, con una capacidad proyectada en hasta 5.000 migrantes, para colaborar con las deportaciones masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EFE
