Después de que los estadounidenses depositen su voto este martes en las elecciones legislativas, comienza el proceso de escrutinio y certificación de los resultados, que se perfila como un nuevo campo de batalla ante el riesgo de disputas y negativas a oficializarlos.
Ante la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes, el presidente de EE.UU., el republicano Donald Trump, ha intentado ampliar el control federal de las elecciones y amenazado con interferir en el proceso de certificación, regido por las leyes de cada estado.
Una vez cerrados los colegios comienza el escrutinio, en el que los funcionarios locales cuentan los votos válidos en su jurisdicción, incluidos los anticipados, los de la jornada y los enviados por correo. En general, las normas permiten la presencia de observadores del público, los medios de comunicación y los partidos políticos.
Los funcionarios deben completar el escrutinio antes de un plazo establecido en las leyes estatales y federales, tras lo cual sigue el paso de certificación: la confirmación legal de que los candidatos que figuran como ganadores han recibido los votos que se les atribuyen, explica el Campaign Legal Center.
Un trámite obligatorio puesto a prueba
El riesgo se concentra en las posibles negativas a certificar resultados, sobre todo tras el surgimiento de un movimiento negacionista alimentado por Trump con la «falsa idea de que las elecciones de 2020 fueron robadas», señala un informe del Brennan Center publicado este mes.
«Decenas de funcionarios locales rebeldes en todo el país se han negado o han amenazado con negarse a certificar resultados electorales basándose en alegaciones arraigadas en el negacionismo electoral», también durante el ciclo electoral de 2024, sostiene ese informe.
Por ejemplo, en las elecciones generales de 2024, la comisionada republicana del condado de Washoe (Nevada), Jeanne Herman, votó contra la certificación, aunque quedó en minoría.
Y previamente, en las legislativas de 2022, dos supervisores republicanos de Cochise (Arizona) bloquearon la certificación e incumplieron el plazo legal, pero el condado terminó certificando los resultados tras una orden judicial.
Aunque en estos casos se pudo cumplir la certificación, ya fuera porque los administradores decidieron cumplir su deber o por orden judicial, las denuncias de Trump sobre la integridad electoral han sembrado desconfianza.
La organización Protect Democracy señala que las negativas a certificar «amplifican teorías de la conspiración y socavan la confianza en el sistema electoral», y pueden «retrasar el proceso postelectoral, particularmente si los funcionarios estatales y los candidatos no están preparados para responder rápido».
Los partidos refuerzan la vigilancia electoral
En ese contexto, tanto el Partido Republicano como el Demócrata pretenden reforzar la vigilancia y desplegar decenas de observadores en un ambiente caldeado por las reivindicaciones republicanas sobre la integridad electoral, que los demócratas han denunciado como intimidatorias.
Una medida reciente es la recompensa de un millón de dólares anunciada por Trump para quienes aporten información sobre posibles casos de fraude electoral que cumpla los requisitos establecidos por su Administración.
Mientras, el fiscal del Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, que en el pasado representó a republicanos que intentaron revertir los resultados de las elecciones de 2020, amenazó al inicio del voto anticipado en el estado con «cazar e imputar» a quienes violen la ley electoral federal.
«El Comité Nacional Republicano ha construido una de las mayores operaciones de integridad electoral en la historia del partido», dijo en un correo a EFE la directora de comunicaciones de integridad electoral del comité, Ally Triolo, quien destacó el reclutamiento de trabajadores electorales y el despliegue de abogados y observadores.
«Estamos fortaleciendo la confianza de los votantes y asegurando que cada voto legal cuente», aseguró. EFE
