El Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció este martes en su informe anual de Derechos Humanos, que el régimen de Nicolás Maduro, continuó violación los derechos de los venezolanos durante el 2021, en esta oportunidad los presos políticos fueron quienes pasaron por condiciones críticas.
De acuerdo al Informe de países sobre prácticas de derechos humanos 2021: Venezuela, «el régimen de Maduro utilizó el poder judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas con las políticas o acciones del régimen», contabilizando en octubre 260 presos políticos bajo custodia, según Foro Penal, de los cuales 50 se encontraban en estado crítico de salud.
Desde 2014, un total de 15.761 personas han sido detenidas por motivos políticos, muchas sin conocer los cargos que se les imputan ni tener acceso a defensa legal.
De entre estos destacaron el caso del diputado de la Asamblea Nacional legítima, Freddy Guevara, quien transmitió en vivo su detención sin orden judicial por parte de agentes del SEBIN en una de las principales carreteras del este de Caracas.
Posteriormente el fiscal general juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, lo acusó públicamente de mantener vínculos con grupos paramilitares colombianos y anunció sin aportar pruebas que Guevara sería procesado por terrorismo, atentado al orden constitucional, traición a la patria y concierto para delinquir. A los abogados de Guevara no se les permitió el acceso a él, en violación del derecho a la defensa y al debido proceso de Guevara. Guevara permaneció preso en la sede del SEBIN de El Helicoide en Caracas hasta el 15 de agosto, cuando fue liberado con la condición de presentarse ante un tribunal cada 30 días.
El preso político y exministro de defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, murió bajo custodia del régimen el 12 de octubre, aparentemente por complicaciones de COVID-19, informó Saab, pero la familia de Baduel negó estuviera enfermo y afirmó que lo mataron.
Un abogado de la familia dijo a la prensa que el hijo de Baduel, también detenido por el régimen, fue amenazado con torturas para intentar obligarlo a declarar que su padre había muerto de COVID. Otros miembros de la familia y el abogado también fueron amenazados, ante está situación la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos pidió una investigación independiente para determinar la causa de muerte.
Respeto a la integridad de la persona
El informe también señaló las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales que viven los presos políticos en Venezuela, donde son sometidos por «las autoridades alineadas con el régimen a asfixia, descargas eléctricas, huesos rotos, colgarlos de las extremidades y obligarlos a pasar horas de rodillas. Los detenidos también fueron sometidos a bajas temperaturas, privación sensorial y privación del sueño; permanecer esposados durante largos períodos de tiempo; y recibir amenazas de muerte para ellos y sus familiares.»
También destacaron que el «régimen de Maduro no tomó ninguna acción efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o corrupción.»
