El juez federal Julián Ercolini decidió este lunes procesar al expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) por violencia machista contra su expareja Fabiola Yáñez.
Tras un extenso proceso de investigación, en el que se tomó declaración a Yáñez y más de una decena de testigos, el juez acusó a Fernández como autor penalmente responsable de «los delitos de lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades».
Asimismo, lo acusa de «lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas; todos ellos en concurso real entre sí».
El juez resolvió además embargar bienes del exmandatario por un valor de 10 millones de pesos (unos 10 mil dólares) y mantuvo la prohibición de acercamiento por parte de Fernández a su expareja a una distancia inferior a los 500 metros, así como contactar con ella por vía telefónica, física o digital.
Sin embargo, dejó sin efecto la prohibición de salir del país que se le había impuesto en agosto del año pasado.
En su resolución, Ercolini consideró que hay «varios elementos que dan cuenta de la existencia del carácter habitual y continuo que habría adquirido la violencia que, en distintas formas, habría ejercido el imputado Fernández sobre la nombrada Yáñez».
Por otra parte, tras analizar las pruebas y testimonios recabados por el fiscal Ramiro Fernández, el juez señaló que Fernández habría ejercido violencia psicológica contra su expareja bajo las formas de «acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad».
La decisión de Ercolini llega dos semanas después de que el expresidente se presentara ante la Justicia para brindar declaración indagatoria en la causa y negara mediante un escrito haber ejercido violencia contra Yáñez.
Yáñez, de 43 años, denunció en julio de 2024 al expresidente, de 65, después de que la Justicia argentina, en una investigación a Fernández por supuesto tráfico de influencias, hallara en el teléfono de su secretaria conversaciones e imágenes que podrían indicar la comisión del delito de “lesiones leves en contexto de violencia de género”.
