La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, advirtió este miércoles de que el tribunal «necesita el apoyo de la Unión Europea para sobrevivir en los próximos años», tras las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, y aseguró que esas medidas afectan ya a su trabajo y crean «impredecibilidad» entre el personal.
En una intervención ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Akane subrayó que la CPI «necesita que la UE modifique el estatuto de bloqueo para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses» porque, según la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero, cualquiera que coopere con personas en su lista, podría ser sancionado, incluidas las ONG.
El fiscal Karim Khan es el primer y único sancionado por ahora. Los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- están obligados a no cooperar con los sancionados, o sufrirán acciones penales. «Se trata de una grave violación de la soberanía europea: un país extranjero está diciendo a sus ciudadanos y sus empresas qué leyes se les aplican y cómo comportarse», añadió.
El «estatuto de bloqueo» de la UE, establecido en 1996, es una normativa que busca proteger a empresas y ciudadanos europeos de las sanciones extraterritoriales de otros países, asegurando que puedan operar sin verse afectados por leyes que la UE considera contrarias al derecho internacional.
La CPI solicita que este estatuto se adapte para proteger también a sus funcionarios y colaboradores de las sanciones estadounidenses (emitidas por su investigación de los crímenes de Israel en Palestina), permitiéndoles continuar con su labor.
Akane urgió a la Comisión Europea a “actuar ahora” para “preservar” el tribunal. “No utilizar el estatuto de bloqueo significa que la UE abandona a la Corte y los principios desarrollados tras las dos guerras mundiales. No se debe abandonar la esperanza de las víctimas”, instó, defendiendo que la CPI no actúa por motivos políticos, ni sobrepasa sus competencias.
Además, pidió no esperar a que “sea demasiado tarde” porque “los efectos devastadores de las sanciones, incluido su excesivo cumplimiento, habrán debilitado a la Corte, hasta el punto de que le impida funcionar”.
“La Corte está activa en todo el mundo, y se espera que el importante trabajo en la fase previa a la prueba (del crimen) siga aumentando en algunas situaciones, como Afganistán, Bangladesh, Myanmar, la República Centroafricana, Darfur, Libia, Mali, Palestina, Filipinas y Ucrania. Y todo este trabajo se verá amenazado por las sanciones estadounidenses”, alertó Akane.
Algunas empresas europeas ya han dejado de trabajar con la CPI debido a un “cumplimiento excesivo” de la sanción contra Khan, aseguró Akane, que también lamentó que el personal está “abandonando la Corte por miedo a la impredecibilidad de lo que podría suceder” en el futuro.
La orden ejecutiva de Trump está abierta a posibles nuevas designaciones, lo que hará que la Corte también tenga dificultades para pagar salarios; transferir dinero a sus oficinas sobre el terreno; o viajar para llevar a cabo investigaciones.
“Nunca cederemos, y la Corte ha tomado medidas para prepararse contra las sanciones y limitar, en la medida de lo posible, los efectos de las sanciones en sus actividades. Pero es evidente que la Corte no va a poder sobrevivir por sí sola”, agregó.
La CPI logró la semana pasada el arresto del expresidente filipino Rodrigo Duterte por el crimen de lesa humanidad de asesinato en su guerra contra las drogas en Filipinas, y tiene más de treinta órdenes de arresto que incluyen al dirigente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra en Ucrania y Palestina, respectivamente. EFE
