Los italianos están llamados a votar este domingo y el lunes cinco consultas populares sobre la reducción del plazo para obtener la ciudadanía a cinco años y derogar algunas normas sobre despidos laborales, aunque se teme que la participación no llegue al 50 por ciento necesario para ser válidas.
El Gobierno de Giorgia Meloni anima a no votar: la primera ministra declaró que irá a las urnas, pero no recogerá su papeleta para contribuir a que no se alcance el quórum, lo que ha provocado la protesta de la oposición, que critica que se promueva la abstención.
Los dos vicepresidentes del Ejecutivo y líderes de sendos partidos de la coalición gobernante, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, de la conservadora Forza Italia, y el titular de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga, también declararon que no votarán.
En la oposición, los partidos de centro-izquierda se han mostrado a favor de las 5 consultas y han animado al voto.
Sin embargo, en la última encuesta, realizada por Demopolis, solo el 46% de los entrevistados afirmó tener conocimiento de los referendos y solo el 30% afirmó que iría a votar.
De los nueve referendos celebrados en Italia entre 1974 y 1995, solo uno no llegó al quórum, mientras que a partir de 1997, de las ocho consultas celebradas, sólo la de 2011, sobre la gestión pública del agua, alcanzó la participación del 54,8% de los ciudadanos con derecho a voto.
«El objetivo es alcanzar el quórum, necesitamos al menos el 50% más uno para que el voto cuente. Es una batalla justa. Y es una oportunidad para cambiar Italia a mejor. Dejo las tácticas exasperadas a Meloni, que espera encabezar el fracaso del referéndum. Es una vergüenza», explicó Elly Schlein, líder de la primera formación en la oposición, Partido Demócrata (PD).
Los referéndum han sido impulsados por el diputado Riccardo Magi, del partido progresista +Europa, al que posteriormente se sumaron otros partidos, asociaciones y sindicatos y logró reunir más de 637.000 firmas.
El objetivo del único referendo no laboral es reducir de 10 a 5 años la residencia regular necesaria para solicitar la ciudadanía y una vez obtenida, podría transmitirse a los hijos menores. La reforma afectaría al menos a 2,3 millones de personas en Italia.
«El referéndum -explicó Magi- representa un impulso para modificar una normativa (sobre la nacionalidad) que data de 1992 y que define como vieja e injusta” y que sigue en pie porque los gobiernos y parlamentos que se han sucedido en los últimos años no han tenido la voluntad política de cambiarla.
La propuesta del referéndum es razonable, sostiene, porque sólo reduce el tiempo requerido para la residencia -de diez a cinco años-, dejando inalterados los demás requisitos: ingresos mínimos, regularidad de estancia, ausencia de antecedentes penales, conocimiento de la lengua italiana.
En las otras consultas, apoyadas por el mayor sindicato del país, CGIL, se pretenden derogar normas laborales, como la de que los contratados después del 7 de marzo de 2015 en empresas de más de 15 trabajadores no deben ser reincorporadas a su puesto de trabajo tras un despido improcedente, incluso si un juez así lo establece.
«Nuestro objetivo es alcanzar el quórum con la esperanza de que la mayoría de los ciudadanos acuda a votar porque, así, podremos anular esas leyes absurdas que se han promulgado. Para ello hemos organizado los referendos», indicó el líder de la CGIL, Maurizio Landini.
También se solicita la eliminación del límite de indemnización para los trabajadores despedidos injustificadamente en pequeñas empresas, así como la de otras normas sobre el uso de los contratos de duración determinada.
Mientras que la última pregunta tiene como objetivo aumentar la responsabilidad del empleador en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales. EFE
