El Gobierno de Nicaragua anunció este miércoles el cierre de 15 organizaciones sin fines de lucro, ente ellas Save The Children, con lo que ya suman más de 5.600 organizaciones de este tipo disueltas durante la crisis social y política que atraviesa el país centroamericano desde abril de 2018.
El Gobierno nicaragüense, encabezado por el mandatario Daniel Ortega, publicó en el diario oficial La Gaceta un acuerdo del Ministerio el Interior en el que cancela la personalidad jurídica de 4 organizaciones por «incumplimiento de sus funciones», y la disolución de otras 11 organizaciones, entre ellas Save The Children, que solicitaron la medida de manera «voluntaria».
Según el documento oficial, Save The Children, que operaba en Nicaragua desde 2011, solicitó la «disolución voluntaria» el 19 de noviembre pasado por «culminar cartera de proyectos en Nicaragua».
Entre las otras 10 organizaciones que solicitaron su disolución se encuentran la Fundación Misionera Cristiana Ebenezer, la Fundación Centro de Atención y Formación Profesional de los Niños de la Calle, Fundación Los Ángeles, que argumentaron no contar con financiación para sus proyectos, según el documento publicado por el Gobierno de Nicaragua.
Las 4 organizaciones canceladas por «incumplimiento de sus funciones» son la Fundación Casa de Espiritualidad, Cultura, Historia, Antropología, Arqueología y Arte Nicaragüense (CECHAN); la Asociación Servicios Integrales para la Mujer (SI MUJER); la Fundación Ministerio Pentecostés Cristo Viene (M.P.C.NIC.); y la Fundación Río Prinzapolka.
Con el cierre de estas ONG suman más de 5.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esos organismos al Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y de «traición a la patria».
Diversos países y organizaciones internacionales han acusado al Gobierno de Nicaragua de violar los derechos humanos de la población en medio de esta crisis en la que además de organizaciones, han sido cerrados por el Gobierno medios de comunicación e instituciones académicas.
