La organización Acceso a la Justicia denunció este martes el bloqueo a las organizaciones de derechos humanos en Venezuela que tramitaron el año pasado su inclusión en el registro creado por la Ley contra las ONG, aprobada en 2024.
El codirector de la organización, Alí Daniels, indicó durante la presentación del informe anual de la ONG que el año pasado realizaron una encuesta a 54 organizaciones y que «solo el 20 %» de ellas logró registrarse bajo la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales.
«La mayoría de ellas eran humanitarias y, además, debo decir que las que lograron registrarse en su mayoría solamente lograron uno de los dos actos que establece la ley para hacer ese registro. Solo conocemos de una que ha logrado los dos actos«, dijo Daniels.
Asimismo, señaló que «ninguna de las organizaciones de derechos humanos consiguió registro en el 2025″.
Daniels detalló que las ONG que iniciaron el proceso llevaron toda la documentación solicitada, pero que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) no ha respondido al día de hoy ninguna solicitud.
Además, aseguró, «hay exigencias no previstas en esta ley», como por ejemplo, la solicitud de estados financiero de hasta 30 años.
Daniels expresó que tras los terremotos del 24 de junio, dos organizaciones norteamericanas han querido registrarse para ayudar a los afectados, pero no lo han conseguido.
«Todo esto lo podemos resumir en una restricción brutal del espacio cívico, una restricción brutal de los derechos humanos y una concentración y una opacidad y de debilitamiento de las garantías institucionales«, indicó.
La Asamblea Nacional chavista aprobó en agosto de 2024 la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen las disposiciones establecidas en la normativa.
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el «fascismo, la intolerancia o el odio».
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta «de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles».
Las ONG y el propio alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, rechazaron la aprobación de esta ley por considerar que tiene un impacto negativo en los derechos humanos y en la democracia en general.
Con información de Acceso a la Justicia / EFE
