La ONG Acceso a la Justicia asegura que, pese a que el artículo 31 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho «a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales» y obliga al Estado a tomar «las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas, la colaboración del Gobierno de Nicolás Maduro con las instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se viene reduciendo progresivamente»
«Prueba de ello es que las autoridades han ignorado las solicitudes de información que desde el organismo internacional le han hecho llegar», señala la organización en su artículo publicado en el site de Acceso a la Justicia.
Indica que «la denuncia la formularon nueve relatores, miembros de tres grupos de trabajo y una experta independiente de la ONU en un comunicado en el que exigieron a las autoridades poner fin a las violaciones de derechos humanos que se han registrado en el país desde las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. Desde enero de 2022 hasta el pasado mes de abril, el Gobierno venezolano ha recibido diez comunicaciones por parte de distintas instancias de la ONU, pero solamente ha respondido una, de acuerdo con la información disponible en el sitio web del Consejo de Derechos Humanos».
Peticiones que han quedado sin respuesta
La detención de los miembros del partido opositor Vente Venezuela, Juan José Freites Cabrejo, Luis Enrique Camacaro Meza, Guillermo de Jesús López, Henry Alviárez y Dignorah Hernández; las ejecuciones extrajudiciales de 16 hombres ocurridas entre 2016 y 2022 en Miranda, Lara y el Distrito Capital; y la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (Ley Antisociedad) fueron algunos de los casos por los que relatores, expertos y grupos de trabajo de la ONU han solicitado información a las autoridades venezolanas, sin obtener respuesta hasta el momento.
«El Gobierno tampoco ha respondido una solicitud que la relatora especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo sobre la reforma que a principios de 2022 sufrió la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), gracias a la cual se abrió las puertas para que el oficialismo volviera a remodelar al máximo juzgado, en virtud de que la modificación redujo los miembros del organismo de 32 a 20″, agrega.
El proceso de designación de los magistrados fue muy cuestionado nacional e internacionalmente, por cuanto se permitió que 60% de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueran reelegidos. Esto a pesar de que el artículo 264 de la Constitución establece que sus miembros serán elegidos por «un único período de doce años».
De acuerdo con los registros, la única petición que ha sido atendida por las autoridades fue la que la relatora especial para la Libertad de Opinión y Expresión, Irene Khan, envió en febrero de 2022 y que estaba relacionada con la condena judicial impuesta a los propietarios de El Nacional, por difamar al hoy ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Debido a este fallo, los dueños del diario se quedaron sin su sede, ubicada en Los Cortijos de Lourdes, Caracas.
En su comunicación de abril de 2022, el Gobierno negó que la indemnización por daños y perjuicios otorgada a Cabello haya sido «desproporcionada» o que haya implicado el fin de las operaciones del medio, el cual continúa funcionando como uno totalmente digital.
De mal en peor
La actitud del Ejecutivo frente a las peticiones de los organismos de la ONU ha empeorado con el paso de los años. Así lo demuestra la revisión que Acceso a la Justicia hizo a los registros del Consejo de Derechos Humanos, la cual permitió constatar que de las 34 comunicaciones que los relatores, expertos y grupos de trabajo han formulado a las autoridades venezolanas desde enero de 2019, solo 20 fueron respondidas, aunque no de manera expedita.
Nueve de las solicitudes de información respondidas (45%) fueron atendidas por la administración de Maduro a través del Ministerio de Relaciones Exteriores más de 1 año después de haber sido recibidas, tres de ellas incluso fueron respondidas más de 2 años después.
Entre aquellas en las que las autoridades más se demoraron en atender está una relacionada con la situación del Poder Judicial que formuló la relatora especial para la Independencia de los magistrados y abogados, quien en febrero de 2019 deseaba confirmar si el 80 % de los jueces del país eran provisorios y, por lo tanto, la Comisión Judicial del TSJ los destituía «sin procedimiento ni motivación y sin derecho a apelar o recurrir dicha decisión».
En el informe emitido en mayo de 2021, el Gobierno no respondió al señalamiento sobre la provisionalidad, pero aseguró que los concursos de oposición establecidos en la Constitución para la asignación de los cargos de jueces estaban en marcha.
«Sin embargo, hasta el momento el TSJ no ha informado qué ha ocurrido con esos supuestos concursos y si algún abogado consiguió hacerse con algún juzgado de manera titular. Ni siquiera existe una lista actualizada de los jueces del país y su condición en el cargo», recalca.
Con información de Acceso a la Justicia
