La organización Acceso a la Justicia advirtió que, casi tres meses después de que el régimen chavista fuera notificado de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó el cierre del centro de torturas El Helicoide, no existe información oficial suficiente que permita verificar avances en el cumplimiento del fallo.
Según la organización, a comienzos de junio se informó que El Helicoide había quedado prácticamente sin detenidos, tras el traslado de la mayoría a otros centros de reclusión. Sin embargo, precisó que esos movimientos ocurrieron antes de que la sentencia fuera notificada, por lo que no pueden considerarse, por sí solos, una medida adoptada para cumplirla. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había advertido entonces que más de 70 personas permanecían privadas de libertad en el recinto, y expresó preocupación por la falta de información previa sobre los traslados, ya que las autoridades no precisaron oficialmente cuántas personas fueron trasladadas, a qué centros ni en qué condiciones.
Acceso a la Justicia también señaló que se desconoce si el Estado ha informado sobre acciones dirigidas a cumplir las demás reparaciones ordenadas, entre ellas investigar la tortura sufrida por Jorge Rojas Riera, crear un registro oficial de denuncias e investigaciones sobre torturas y malos tratos en El Helicoide, y adoptar un protocolo especializado para investigar estos hechos.
El caso que originó el fallo
El fallo fue dictado el 23 de abril de 2026 en el caso de Rojas Riera, detenido en septiembre de 2003 por agentes de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), luego de participar como voluntario en la plaza Altamira, donde un grupo de militares en desobediencia había establecido un campamento. Rojas fue trasladado a El Helicoide y, durante más de tres meses de detención, sufrió torturas y malos tratos. La Corte IDH concluyó que Venezuela violó sus derechos a la reunión pacífica, la libertad personal, las garantías judiciales, la integridad personal y a no ser sometido a torturas.
La orden de la Corte IDH es histórica, ya que, según recordó la magistrada Patricia Pérez Goldberg en su voto concurrente, «es la primera oportunidad en que ordena el cierre de un recinto de detención como consecuencia jurídica de una violación a la Convención Americana». El tribunal otorgó 18 meses al régimen para cumplir la sentencia, y ordenó que el traslado de los detenidos en El Helicoide «se efectúe conforme a los estándares establecidos en la Convención Americana en materia de integridad personal, libertad personal y debido proceso».
La decisión tiene un antecedente: en 2012, la Corte IDH ya había condenado a Venezuela por las condiciones de reclusión de Raúl José Díaz Peña, detenido en 2003 por su presunta participación en atentados registrados en el consulado de Colombia y la Embajada de España en Caracas. Aquel fallo fue rechazado públicamente por el fallecido Hugo Chávez, quien horas después anunció la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, formalizada en septiembre de 2012. Sin embargo, en una sentencia de agosto de 2025, la Corte IDH consideró inválida esa denuncia y reconoció que la ratificación de la Convención depositada por Venezuela en 2019 reafirmó sus obligaciones internacionales.
El cierre no basta
Según Acceso a la Justicia, la Corte IDH ordenó además crear y mantener un registro oficial, centralizado y actualizado de las denuncias e investigaciones sobre torturas y malos tratos en El Helicoide, y dio dos años al régimen para adoptar un protocolo especializado destinado a que jueces, fiscales y operadores de justicia investiguen presuntos actos de tortura, en sintonía con el Protocolo de Estambul.
El presidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, y el magistrado Ricardo C. Pérez Manrique, en su voto conjunto parcialmente disidente, cuestionaron el destino anunciado por el régimen para la edificación, un «centro deportivo, cultural y comercial para la familia policial». «El cierre debe tener una dimensión simbólica y memorial», advirtieron los magistrados, quienes recordaron que «los lugares donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos cargan con un peso histórico que no puede ser meramente borrado».
Acceso a la Justicia sostuvo que el cierre de El Helicoide como centro de detención constituye un paso importante, pero no agota las obligaciones del Estado frente a las graves violaciones ocurridas en sus instalaciones. La organización insistió en que la sentencia exige preservar información, investigar los hechos y prevenir que prácticas como la tortura vuelvan a repetirse, y advirtió que el cierre no puede traducirse solamente en el traslado de los detenidos a otros centros donde persistan condiciones incompatibles con sus derechos.
La ONG planteó además que sería conveniente que las autoridades reconsideraran el destino anunciado para las instalaciones, y evaluaran alternativas que permitan preservar la memoria de lo ocurrido, como ha sucedido con otros lugares vinculados a graves violaciones de derechos humanos en la región.
