La Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association), organización no gubernamental que aglutina a magistrados, jueces y abogados de más de 140 nacionalidades, aseguró que el fraude electoral del 6 de diciembre carecen de «garantías políticas y jurídicas necesarias para que unas elecciones puedan considerarse libres y democráticas».
En este sentido, la Asociación Mundial de Juristas concluye que «tales elecciones son inválidas» por lo que «rechaza su celebración». Asimismo, recalca como una cuestión esencial, que «la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela debe preservarse para garantizar la protección de los Derechos Humanos en el país».
«El régimen de Nicolás Maduro ha organizado elecciones parlamentarias, obviando las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente electa en 2015», arguye esta organización. «Las elecciones incumplen las condiciones de integridad electoral exigidas en el orden interno y reconocidas en el Derecho Internacional», prosigue.
«A través del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (reorganizado y controlado por Maduro desde 2016) se eliminaron las condiciones de competitividad electoral», agrega. «En especial, el Supremo, violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, designó a cinco rectores del Consejo Nacional Electoral y les permitió modificar a su arbitrio las leyes electorales».
A su vez, apunta que «de igual forma, este tribunal designó a los directivos de los principales partidos políticos de oposición, contraviniendo los procesos internos de dichos partidos».
«Estas acciones», incide la Asociación Mundial de Juristas, «no han sido aisladas». «Desde 2014, el régimen de Maduro ha implementado políticas que violan los Derechos Humanos». No en vano, recuerda que «la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció en su informe de 4 de julio de 2019 que Maduro había adoptado medidas ‘que tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y críticas al Gobierno».
De esta forma, y en base a estas y otras «evaluaciones», las próximas elecciones «no garantizan una elección válida y no aseguran la voluntad libre de los electores, de acuerdo con las condiciones de integridad electoral reconocidas por el Derecho Internacional».
En resumen, apostilla el organismo dirigido por Cremades, «la protección universal de los Derechos Humanos justifica preservar la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015″. «La preservación o continuidad de este mandato es condición necesaria para evitar la sistemática violación de derechos humanos, todo ello, en el contexto del compromiso político de la responsabilidad para proteger, reconocido en la Resolución de la Asamblea General de la ONU».
